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Violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia (1974-2004)

El presente documento es una síntesis de la publicación: Villa, W. Houghton,J.Violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia.1974-2004. Altovuelo Editores. Medellín. 2005, Colombia, Agosto 19 de 2005, Este artículo ha sido consultado 17142 veces

William Villa

La historia reciente de los pueblos indígenas que habitan en Colombia está determinada por dos eventos. Uno es el paulatino reconocimiento que la sociedad y el Estado asumen respecto a la condición de éstos como sujetos de derecho en el campo político y cultural. Dos, la inserción de la mayoría de las poblaciones indígenas en la guerra con todos los impactos que ello significa en el dominio de la sistemática violación de los derechos que se ejerce en el campo individual y colectivo.

En los últimos cincuenta años la guerra es fenómeno característico a la formación del Estado colombiano y elemento dinámico en el dominio económico y político. Extensas áreas del territorio nacional, como las tierras bajas y las zonas selváticas, se integran en la economía agrícola y ganadera a través del proceso que se ha nominado como colonización armada (Molano,1987) y que ha marginado a pueblos indígenas de sus territorios tradicionales. La ampliación de la frontera agrícola como dinámica de la segunda mitad del siglo XX es el resultado del desplazamiento forzado de las poblaciones campesinas, que en el conflicto por acceder a la propiedad de la tierra en los valles interan­dinos y ante la ausencia de garantías democráticas para la resolución de su aspiraciones, sólo tiene como alternativa buscar en regiones selváticas un espacio para la reproducción de su familia.

Las regiones hacia donde fluye la colonización son las áreas donde históricamente se habían refugiado diversos pueblos indígenas y que para ellos se asimilaban a territorios tradicionales. La integración de tales territorios se sucede a sangre y fuego, esto significa que la consolidación de la economía y el poblamiento tienen como sustento el avance de los ejércitos o guerrillas de origen campesino, en procura de ejercer control territorial, social, político y económico. De este modo en las zonas hacia donde se expande la frontera agrícola se genera una insti­tuciona­lidad alterna donde el control social y la regulación son ejercidas de hecho por las guerrillas que comparten una ideología so­cia­lista.

Mientras la colonización avanzó hacia los territorios selváticos tradicionales de los pueblos indígenas, al mismo tiempo en los valles interandinos y zonas en las que la economía de la gran hacienda se consolidó, desde los días de la economía colonial hispana, el conflicto y la guerra que involucró a campesinos e indígenas. Los antiguos resguardos coloniales disueltos al amparo de la normatividad estatal del siglo XIX, convertía a las familias indígenas en peones, aparceros, terra­jeros y en extraños a su propio territorio. Esta condición compartida por indígenas y campesinos se constituyó en la causa de los múltiples conflictos, que a lo largo del siglo XX, se constituyeron en el trasfondo de los movimientos sociales agrarios que luchan por la democratización en el acceso a la tierra y por el derecho al dominio sobre un territorio como es el caso de los pueblos indígenas.

La movilización por el acceso a la tierra es uno de los factores desencadenantes del conflicto que marca la evolución de la sociedad colombiana y que así como integra al campesinado de igual forma crea condiciones para que los diferentes pueblos indígenas se asocien en sus modernas organizaciones en defensa de su territorio, su cultura y el ejercicio de la autonomía. En este escenario de guerra las poblaciones indígenas y sus organizaciones han generado un impacto significativo en la vida nacional, cuestión que se expresa en el reconocimiento que la Constitución Política de 1991 al reconocerles la condición de sujetos de derecho en el plano colectivo, pero que también se proyecta en el ordenamiento territorial del país, en el que el 28% del territorio hoy aparece integrado en áreas de resguardo indígena, que a la vez son unidades político administrativas con relativa autonomía.

En los inicios del presente siglo, la guerra ha adquirido nuevas connotaciones y en el campo de confrontación aparece lo territorial como elemento que moviliza a los diferentes actores: ya sean las guerrillas en su proyecto contraestatal o las fuerzas del Estado en asocio con los ejércitos paraestatales o parami­litares. Al paso de los años la guerra se ha ido intensificando, aspecto que se relaciona con la economía en la que se sustenta como es la de los cultivos ilícitos de coca y amapola, pero también por la articulación en la estrategia de guerra global de los Estados Unidos en el marco de las acciones del Plan Colombia. 

 

Evolución de la violencia contra los pueblos indígenas

Los indígenas en Colombia se integran en 81 pueblos que en total ascienden a 785.356 y representan el 1.83% del conjunto de la población nacional (Sánchez et al., 2004). Para una comprensión adecuada del impacto de la violencia sobre los diferentes pueblos es importante entender la composición de la población. Es así como 39 pueblos indígenas sólo tienen una población no mayor de 1.000 miembros y algunos incluso menos de 100, un grupo de 19 pueblos lo constituyen poblaciones entre 1.000 y 5.000, mientras otro conjunto de 19 se ubica entre 5.000 y 50.000 y sólo 4 superan los 50.000. 

El Sistema de Información sobre Pueblos Indígenas de CECOIN muestra que en el período que va desde 1974 hasta el 2004, en todos los años, ocurren violaciones individuales a los derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario. En el período de treinta años se han registrado 6.726 violaciones, de las cuales 1.869 corresponden a asesinatos políticos contra dirigentes, autoridades indígenas y en general personas de las comunidades que ocupan papeles en la dirección.

La violencia política sobre los pueblos indígenas que se ha ejercido en los últimos treinta años se debe entender dentro del contexto en el que opera el movimiento social indígena, el tipo de lucha a la que se articula su movilización y los actores que intervienen en el conflicto. En un primer momento de ascenso del movimiento indígena, hacia la década de los ochenta, sus luchas se articulan y contextualizan en el escenario de debate y confrontación que las organizaciones campesinas asumen para la época respecto al derecho a la tierra. Es ese el escenario en el que se constituyen las modernas organizaciones indígenas, que en oposición al poder terrateniente y al control político ejercido por el gamonalismo, afirman un proyecto de corte autonómo y de reconstrucción territorial. En esta primera etapa de ascenso del actual movimiento indígena colombiano, la violencia que se ejerce contra la población proviene del poder gamonal aliado con la fuerza pública. Los datos disponibles en el Sistema de Información sobre Pueblos Indígenas de CECOIN respecto a hechos ocurridos en el período que va desde 1974 hasta 1990, señalan a terratenientes, colonos y grupos armados al servicio de éstos como los directos responsables de la mayoría de los asesinatos políticos, al tiempo que las amenazas y detenciones arbitrarias corresponden a la fuerza pública. 

La constante durante este período es el uso por parte de los grandes terratenientes, de narcotraficantes y en algunos casos por parte de colonos medianos, de grupos armados que se constituyen en precursores de los paramilitares de los años noventa o directamente de la Policía para resolver los conflictos de tierras. Este tipo de eventos se concentra especialmente entre los pueblos que asumen la recuperación de tierras como acción que se ejerce de modo directo y que se realiza en coordinación con las organizaciones campesinas, especialmente la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (Zamosc, 1984). Este tipo de movilización es característica de pueblos como los Zenú, los Pijao, los Nasa, los Pastos o Quillancingas y parte del pueblo Emberá; grupos que geográficamente se integran en los grandes valles interandinos, en las regiones donde el latifundio y la gran hacienda se habían consolidado con base en la disolución de los resguardos coloniales.

Aunque existen casos de violencia política ligados al control sobre recursos, especialmente mineros y madereros en el Pacífico, y coca y madera en la Amazonía, la mayoría corresponden a la categoría de lucha por la tierra. No se vislumbra ni en los discursos indígenas ni en sus luchas concretas, una idea de territorialidad indígena nacional, pues tal idea será elemento clave a lo largo de la década de los noventa e irrumpirá con la noción de pueblo y de otros valores derivados del concepto de autonomía.

Durante este período se destacan las masacres del Alto Andágueda en mayo de 1987 bajo responsabilidad de un grupo llamado Los Montoyas entrenado por el Ejército, evento en el que pierden la vida más de 70 Emberá y otros 18 fueron desaparecidos, en disputa por el control de un área rica en oro. También en el Cauca en diciembre de 1991 se sucede la masacre del Nilo, cuando un grupo armado al servicio de un narcotraficante y con la permisividad del Ejército y la Policía asesinó a 20 indígenas Nasa, dentro de las modalidades de expansión territorial narcolatifundista. 

En 1990 con la Convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente2, al momento en el que se da paso a un proceso de relegitimación del Estado y en que se concreta la expedición de la Constitución Política promulgada en 1991, se van a producir cambios en el tipo de acción política que emprenden las organizaciones indígenas. Uno de estos cambios es una sostensible disminución de los actos de recuperación de tierras, mientras pasan a concentrar su actividad a partir de los logros consignados en la Constitución Política y sus expectativas giran alrededor del ordenamiento territorial con base en el Artículo 2863. Este cambio de perspectiva va a implicar una baja significativa en la violencia que se ejerce sobre los pueblos indígenas, cuestión que no es específica a la población indígena y que cubre al conjunto de la sociedad nacional. 

La breve tregua, experimentada en la fase posterior al consenso manifiesto en la nueva Constitución Política, se rompe en la segunda mitad de la década de los noventa. Mientras en 1996 sólo 14 municipios de 9 departamentos registran hechos de violencia política contra indígenas, en 1997 el número de municipios se dispara a 44, en 16 departamentos. El fenómeno más relevante es Antioquia, donde son afectados Mutatá, Frontino, Dabeiba, Apartadó, Turbo, Yondó, Chigorodó, El Bagre y Urrao, la mayoría ubicados en la zona de disputa de los paramilitares y el Ejército con las FARC, y que afectó principalmente al pueblo Embera Katío. El Chocó en esa época ingresa a la geografía del conflicto como resultado del desplazamiento territorial de las AUC para controlar la salida al Pacífico y contrarrestar los planes de expansión de la guerrilla definidos por ésta en la VIII Conferencia. Envueltos en esa dinámica, se encuentran los municipios de Bojayá, Quibdó, Riosucio, Carmen de Atrato, Medio Atrato, Unguía y Tadó. En el departamento de Córdoba, especialmente en San Andrés de Sotavento, se afirma la arremetida para­militar contra los Zenú dirigida a controlar los Cabildos menores y el Cabildo Mayor, a los que acusan de estar dirigidos por grupos insurgentes activos o desmovilizados. Son también los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó donde se registran la mayoría de los casos de desplazamiento masivo o colectivo forzado, afectando especialmente a los Emberá Dovidá y los Emberá Katío.

Desde 1997 hasta la fase actual, la geografía de la guerra presenta una coincidencia evidente entre las manifestaciones de violencia política contra pueblos indígenas y las tendencias de violencia política en el plano nacional. En efecto, en los últimos años se ha venido configurando un mapa de tres corredores estratégicos del conflicto: uno ligado a la hegemonía paramilitar en el norte, que conecta el Gran Urabá, el sur de Bolívar y Cesar, el cual termina en el Cata­tumbo, teniendo el área de la Sierra Nevada como una región de disputa; un segundo corredor suro­riental, ligado a la colonización campesina y la expansión de los cultivos ilegales, en la cual ejercen hegemonía las FARC, teniendo como región de disputa el piedemonte del Putumayo; y un tercer corredor en formación, que busca la salida al Pacífico desde el piedemonte amazónico, pasando por el sur del Tolima, norte del Cauca, sur del Valle y el Macizo colombiano (González et al., 2003: 116). 

Es claro que la situación humanitaria de los indígenas se ha venido agravando a partir del año 1997. Las fuerzas armadas del Estado y los paramilitares han sido los responsables del mayor número de violaciones. En este período han sido asesinados 496 indígenas, es decir, más de la cuarta parte de todas las víctimas de los últimos 30 años, pero igualmente han sido desaparecidos otros 65. El año más crítico en esta materia fue 2002, año en el que se producen 298 víctimas fatales, la mayoría de los cuales ocurrieron en el segundo semestre, luego de la posesión del presidente actual Álvaro Uribe Vélez. 

La implementación del Plan Colombia y la consolidación de la política de “seguridad democrática” en la actual legislatura presidencial tienen su expresión en las cifras de violación sistemática a los derechos de los pueblos indígenas. En el año de 2003 las fuerzas militares estatales y los paramilitares son responsables de más del 83% de los desplazamientos masivos, el 55% bajo responsabilidad de los primeros y 28% por parte de los segundos. Al mismo tiempo el 76% de los hechos violentos individuales son responsabilidad de los mismos actores, con un 39% a cargo de los primeros y 36% como responsabilidad de los segundos. Estas cifras manifiestan la política gubernamental de respaldar a las fuerzas militares para actuar contra el movimiento social, la ausencia de acción contra los paramilitares y a una postura política oficial que no distingue entre combatientes y no combatientes. Esta política, en los dos primeros años del gobierno de Uribe Vélez, lleva a que los casos de violaciones de derechos humanos e infracciones al Derecho Internacional Humanitario contra indígenas, por casos individuales, es decir, asesinatos, heridos, torturas, violaciones, desapariciones, secuestros y detenciones arbitrarias, crecieran en un 66%.

 

Formas de violencia política contra pueblos indígenas y sus implicaciones

En el período que el presente estudio asume, 1974-2004, los eventos de violencia de tipo individual tienden a manifestarse en ciertas regiones, las cuales a la vez se corresponden con áreas culturales o territorios asociados con determinados pueblos. Es así como el norte del Cauca y sur del Valle del Cauca, una evidente unidad sociopolítica y geográfica, registran la ocurrencia del 38,37% de los hechos, que han afectado especialmente al pueblo Nasa. En segundo orden aparece el Gran Urabá conformado por los departamentos de Córdoba, Antioquia y Chocó, en conexidad con el Eje Cafetero, como una de las regiones críticas respecto a las violaciones de derechos humanos de pueblos indígenas, la cifra del 22,28% fundamentalmente cubre al territorio del pueblo Emberá. 

El departamento del Tolima, poblado mayoritaria­mente por Pijaos, representa por sí sólo el 17,4%, cifra significativa cuando se mira en complementa­ridad con los desplazamientos individuales, los cuales para esta región representan los más elevados según la información registrada por la Pastoral Social para el país indígena. La región de la Sierra Nevada de Santa Marta, en la que convergen Cesar, el sur de La Guajira y Magdalena, constituye la cuarta área crítica, con el 9,84% en el total del estudio. Con menor participación está la región del Putu­mayo, Caquetá y Meta, con el 4,99% en todos los años del estudio. Se configura una última región, conformada por los departamentos de Arauca, Boyacá (región del Sara­re) y Norte de Santander, zona de frontera y de paso del principal oleoducto del país; aunque su participación es apenas del 2,11% en el total de estos hechos. 

El análisis de la violencia política sobre los pueblos indígenas debe hacerse desde su propia lógica y en consecuencia hechos que se identifican como afectación individual, realmente se constituyen en eventos con profundo impacto colectivo. Para los pueblos indígenas el parentesco funciona como sustrato profundo que soporta las alianzas e instituciones comunitarias, de manera que la familia, parentela o linaje a menudo es al mismo tiempo la comunidad; no existe por tanto ningún hecho de violencia que sea entendido o experimentado como un asunto privado. En ese contexto fenómenos como el reclutamiento, los asesinatos o los desplazamientos afectan de inmediato a la totalidad de las estructuras sociopolíticas. 

Por otra parte, la información del Sistema de Información Pueblos Indígenas de Colombia de CECOIN indica que la enorme mayoría de los hechos de violencia individual, como son los asesinatos, desapariciones, amenazas, desplazamientos forzados, heridas o torturas, están dirigidos a dirigentes, líderes, médicos tradicionales y gobernantes. Es una violencia que afecta a personas que ejercen un papel de representación y en muchos casos en ellos se concreta el proyecto político de un pueblo. Sólo para citar algunos casos, en ese sentido se deben entender las desapariciones los asesinatos de Kimi Pernía y Lucindo Domicó en el Alto Sinú, de Mario Domicó en Mutatá, de Cristóbal Secue, Aldemar Pinzón, Benjamín Dindicué y el padre Álvaro Ulcué en el Cauca, de Bernabé Piranga entre los Korebajú, de Gabriel Cartagena en Caldas, de Salomón Arias y su hijo Freddy entre los Kankuamo, de José Napoleón Torres entre los Ijka, así como las detenciones arbitrarias prolongadas de líderes como Marcos, Jesús y Edgar Avirama en el Cauca, o de Luis Ángel Perdomo en el Valle.  

El desplazamiento forzado entre poblaciones indígenas es el otro nivel en el que se ejerce la violencia, fenómeno que presenta dificultades para disponer de información confiable, sobre todo cuando se trata de dar cuenta del desplazamiento de tipo individual y familiar como en el caso de los pueblos Pijao, Kankuamo, Nasa, Zenú, y los pueblos del Putumayo. La documentación realizada sobre el desplazamiento, sin incluir los bloqueos a comunidades, permite hablar de 180 casos de desplazamientos masivos, los cuales han afectado a más de 46 mil indígenas en 80 municipios (Tabla 1). Es importante advertir que la mayoría de los eventos de desplazamiento, así como las amenazas colectivas y las acciones bélicas que afectan a las comunidades, han tenido lugar desde 1997. 

Antes de 1997 se tuvo noticia de 18 desplazamientos masivos, 3 de los cuales sucedieron en 1988 y fueron causados por colonos y narcotraficantes; pero luego hay un vacío en la información, situación que se puede explicar por un subregistro en los sistemas de información que lo constituyen en variable importante. Desde 1997 empieza un ascenso en los casos de desplazamiento por año y en el número de indígenas desplazados; estos fenómenos coinciden en general con la tendencia de agudización del conflicto, observada en los datos de violencia política en general, en la cual 1997 representa un año de salto hacia situaciones de crisis humanitaria, al mismo tiempo que los años 2001 y 2002 se tornan especialmente críticos por la fase de elecciones, la ruptura de las conversaciones del gobierno de Pastrana con las FARC y el inicio del nuevo gobierno de Uribe Vélez de claros tintes autoritarios que desconoce la existencia de los no-combatientes dentro del conflicto y por tanto autoriza la agresión a la población civil. 

Uno los pueblos más afectados por el desplazamiento forzado ha sido el Emberá Katío, con el 20% del total de los casos de desplazamiento masivo, el 21,9% de la totalidad de la población desplazada y una tasa de 26.888 personas por cada 100.000, nueve veces la tasa nacional. Y los Nasa, que están dos veces por encima de la tasa nacional, fueron víctimas del mayor número de casos, el 22,6%, y tienen el mayor número de desplazados, el 23,9% del total.

Los eventos de desplazamiento forzado han sido causados en su mayoría por la intervención armada de sólo un actor armado, lo que indica el carácter compulsivo del mismo; aquellos en que el fenómeno se ha dado como resultado de enfrentamientos armados o como medida preventiva, son una mínima parte. Del total de los casos registrados, 65 de dichos eventos tiene como autores directos a los paramilitares; 24 fueron producidos individualmente por la insurgencia, 23 por el Ejército, la Fuerza Aérea o la Policía, 11 en acciones conjuntas de Ejército y paramilitares; en 19 casos no se tiene información y 3 fueron responsabilidad de narcotraficantes o terratenientes. Los 34 casos restantes han sido resultado de enfrentamientos de la insurgencia con el Ejército y/o los paramilitares. Es decir, corresponde al Ejército y los paramilitares casi el 50% de las autorías del desplazamiento masivo compulsivo y el 13% a la insurgencia; mientras que el desplazamiento preventivo o detonado por métodos ilícitos de guerra, es decir por enfrentamientos en zonas cercanas a las comunidades o por creciente presencia militar, es la décima parte de los hechos reportados.

 

             

Tabla 1

                   
 

Violencia política contra pueblos indígenas en Colombia 1974-2004

 
     

Total desplazamientos masivos (eventos y víctimas)

     
                                       

 

1977

1983

1984

1986

1988

1989

1990

1991

1993

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

Suma de Eventos

1

1

2

1

3

2

2

2

2

1

1

9

15

13

23

25

37

23

17

Suma de Victimas

600

2140

1140

1

790

55

164

370

480

750

50

2016

3531

4693

4547

9002

6861

4602

5003

Fuente: Sistema de Información Geográfica de Pueblos Indígenas de CECOIN

 

Pueblos indígenas amenazados y crisis humanitaria

En los últimos cinco años, consolidando los datos de Noche y Niebla, han ocurrido en Colombia unos 17.897 asesinatos políticos y 39.864 violaciones e infracciones individuales de los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario; la cifra nacional consolidada para víctimas individuales de violencia política registra en consecuencia una tasa de 90,6 por cada 100.000. Lo primero que se observa, y que constituye un verdadero drama, es que la tasa global indígena para los años 2000-2004 es tres veces más alta que la tasa nacional.  

La Organización Nacional Indígena de Colombia ONIC, la Defensoría del Pueblo y la Oficina en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados ACNUR emitieron en 2002 un llamado de urgencia a las organizaciones internacionales y al Estado colombiano denunciando el etnocidio que se estaba configurando por acción y omisión de los actores armados ilegales y estatales (ONIC, 2004); preocupación ratificada por el Relator de la ONU para pueblos indígenas Rodolfo Stavenhagen en su reciente reporte sobre Colombia publicado en diciembre de 2004 (Naciones Unidas, 2004).

El pueblo indígena Kankuamo se constituye en el caso síntesis en el que todas las formas de violencia cobran vida. En menos de cuatro años pasó a ser uno de los más referenciados en los reportes oficiales y de las instituciones nacionales e internacionales que ejercen control y analizan la evolución del conflicto y del comportamiento de los derechos humanos en el país. El protagonismo del pueblo Kan­kuamo es el resultado del sistemático asesinato de los miembros de esta comunidad. Son 228 las muertes de Kankuamos, la mayoría en los últimos cinco años, en una población de apenas 5.900 personas.  

Pero si los Kankuamos son los que se convierten en el referente violento a partir de 1997, por otra parte, los indígenas del Cauca se constituyen en el espejo donde se puede mirar la crisis humanitaria que de forma continua se experimenta en los últimos treinta años. Los Nasa, pero igualmente los Coconucos, Guambianos, Totoróes, Yanaconas, han sido objeto de una severa persecución violenta por parte del Estado, los terratenientes, los paramilitares, los narcotraficantes y, en un grado no pequeño, por la insurgencia.  

El pueblo Emberá Chamí, especialmente en Caldas y Risaralda, en los últimos 4 años ha sufrido de nuevo una arremetida de grupos paramilitares, especialmente en materia de amenazas, desplazamientos y asesinatos, luego de que a principios de la década de los noventa, hubiera sido víctima de decenas de asesinatos y desapariciones como retaliación por la muerte de un empresario cafetero. La tasa de 341,8 por 100.000 que se desprende de los registros de CECOIN, es de todos modos menor a lo acontecido; las organizaciones indígenas de la región insisten en un genocidio continuado y no reportado por temores a las represalias. Los Emberá Katío, con 477,2 por 100.000, y los Tule, 812,3 por 100.000, ambos en la región de Urabá, multiplican varias veces la tasa nacional. Los Emberá Katío comparten con los Kankua­mos la característica de ser afectados masivamente respecto del total nacional indígena y al mismo tiempo en la intensidad y proporción de las violaciones respecto de su población; comparativamente son los pueblos indígenas más fuertemente atacados. Esta característica puede extenderse a los tres pueblos Emberá del gran Urabá en su conjunto: Dovidá, chamí, katío, que tienen una tasa varias veces superior de la nacional. 

La intensidad del conflicto contra los pueblos Pijao, Awá, Yanacona, Inga, Arhuaco (Ijka), Wounaan, U’wa, Barí, Wayúu, Miraña, Uitoto y Piapoco, también queda resaltada en esta revisión; todos ellos han sufrido acciones bélicas en proporciones superiores que al resto del país. Especialmente crítica ha resultado la situación para los Pijaos en la inserción violenta los últimos 5 años de los paramilitares en Natagaima, Ortega y Coyaima, que han producido uno de los fenómenos de desplazamiento indígena individual más fuertes en el país, junto a asesinatos reiterados de líderes y autoridades. En particular han sido víctimas miembros de la Asociación de Cabildos Indígenas del Tolima ACIT, la segunda organización en importancia luego del Consejo Regional Indígena del Tolima CRIT. 

 

Bibliografía

–    CRIC, 2004. Frente a las agresiones continúa la resistencia indígena y popular. Documento de guía de la Minga por la Dignidad. Popayán. 2004.

–    González, Fernán, Bolívar, Ingrid y Vásquez, Teófilo, 2003. Violencia política en Colombia. De la nación fragmentada a la construcción del Estado, CINEP.

–    Molano, Alfredo. 1987. Violencia y colonización. En: Seminario Internacional de Economía campesina y pobreza rural. Compilador Jorge Bustamante. Fondo DRI, Bogotá.

–    ONIC, 2004a. Genocidio Kankuamo: Otro Pueblo Indígena en vía de extinción. En: INIPU No. 8. Bogotá, enero de 2004.

–    ————. 2002b. Vida y dignidad para los pueblos indígenas y para los colombianos también, Memorias del Congreso de los Pueblos Indígenas Colombia. Ediciones Turdakke, Bogotá.

–    ————. 2002a. Los indígenas y la paz: pronunciamientos, resoluciones, declaraciones y otros documentos de los pueblos y organizaciones indígenas sobre la violencia armada en sus territorios, la búsqueda de la paz, la autonomía y la resistencia. Ediciones Turdakke. Bogotá.

–    NACIONES UNIDAS Consejo Económico y Social Comisión de Derechos Humanos, 2004. Informe del Relator Especial al 61 Período de Sesiones, sobre la situación de Derechos Humanos y las libertades fundamentales de los indígenas, Sr. Rodolfo Stavenhaguen, sobre su Misión a Colombia. Ginebra.

–    Roldán Ortega, Roque. 1993. “Reconocimiento legal de tierras a indígenas en Colombia”. En: Reconocimiento y demarcación de territorios indígenas en la Amazonia. Fundación GAIA - CEREC. Bogotá.

–    Sánchez, Enrique. Arango, Raúl. 2004. Los Pueblos indígenas de Colombia en el umbral del nuevo milenio. Departamento Nacional de Planeación. Bogotá.

–    Zamosc, León. 1984. Los usuarios campesinos y las luchas por la tierra en los años 70. Cinep. Bogotá.

 


[1] El presente documento es una síntesis de la publicación: Villa, W. Houghton,J.Violencia política contra los pueblos indígenas en Colombia.1974-2004. Altovuelo Editores. Medellín. 2005

[2] Los pueblos indígenas de Colombia, en el momento en el que se expide la nueva Constitución Política en 1991, disponen ya de cerca de 25 millones de hectáreas, que estaban amparadas en 246 resguardos. Esta área representaba el 22.2% del total del territorio nacional (Roldán, 1993).

[3] Artículo 286 de la Constitución Política colombiana: “Son entidades territoriales los departamentos, los distritos, los municipios y los territorios indígenas”. Subrayados nuestros.

Publicado en Agosto 19 de 2005| Compartir
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