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Ahora que están de moda los temas de la tierra y su restitución a la población desplazada, bien vale la pena preguntarse si estos se piensan en términos de otra materia fundamental: el desarrollo rural. Sobre los dos primeros temas se ha escrito mucho en los últimos meses; sobre el último, muy poco. Incluso, es sorprendente que los discursos del Presidente de la República y del Ministro de Agricultura sobre la tierra y su restitución a las víctimas del conflicto interno no se vean reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo –PND– y que éste se proponga como enfoque de política que el sector agropecuario y el desarrollo rural sean una locomotora del crecimiento, sin definir ni siquiera qué se entiende por desarrollo rural, lo que querría decir que esto último tampoco es materia del Plan.
¿Por qué es relevante esta discusión? Porque si lo que explica en buena medida el fenómeno del desplazamiento forzado de población –que da lugar a la discusión sobre tierra y restitución– es la forma como se ha diseñado el desarrollo rural en este país, definirlo en su contenido resulta muy importante para hacer efectivos los discursos del ejecutivo.
En Colombia se ha entendido usualmente por desarrollo rural un conjunto de proyectos compensatorios para la población campesina. Lo que tiene que ver con la agricultura, el comercio, lo pecuario y forestal se ha enmarcado siempre en las políticas para el crecimiento económico. El mismo Plan actual dice en el literal b) del punto 22 que “La locomotora de crecimiento del sector agropecuario acelerará el desarrollo sostenible del país, contribuirá a la reducción de los desequilibrios regionales y generará encadenamientos económicos y sociales” (3). Es decir, más crecimiento que desarrollo.
En esta materia hay que dejar en claro que el PND da continuidad a la línea trazada en los últimos veinte años sobre los esquemas productivos con un enfoque empresarial, razón por la cual es inexacto decir, entre otras, que Santos es la continuidad de Uribe. En realidad, el enfoque sobre lo rural cambió –en lo académico y lo político– desde los años noventa del siglo pasado para dar espacio a la desagriculturización de la política, la explotación del conjunto de los recursos disponibles en el espacio rural, la concentración de la acción en los territorios, la priorización del empresariado como actor relevante para ajustarse al crecimiento económico y el cambio institucional para la nueva política. Los últimos cinco gobiernos han hecho una aproximación cada vez mayor a este enfoque y la política de Santos hay que ubicarla en esta perspectiva para entender sus alcances y limitaciones en cuanto a lo que se propone para el pago de la “deuda social” con el campo.
El PND no escapa en lo rural a la lógica convencional del crecimiento económico y se agota en las siguientes siete líneas estratégicas: incremento de la productividad en la producción agropecuaria; promoción de los encadenamientos productivos y la agregación de valor; ampliación y diversificación de los mercados externos e internos; promoción de esquemas de gestión del riesgo y de condiciones para la inversión en el campo; mejoramiento de la capacidad para generar ingresos por parte de la población rural, promoción de la equidad en el desarrollo regional rural, y adecuación de la institucionalidad para el desarrollo rural y la competitividad (4).
La línea más cercana a aquel sujeto que denominamos campesino es la de generación de ingresos, que se resuelve en cuatro estrategias: “Agilizar el proceso de redistribución de tierras resultantes de la extinción de dominio”, “simplificar y agilizar las convocatorias para el subsidio integral de tierras, dando prioridad a la población más pobre”, “adjudicar los baldíos nacionales de clara vocación agropecuaria” y “fortalecer Zonas de Reserva Campesina para estabilizar la población cercana a la frontera agropecuaria y mejorar el acceso a mercados de los campesinos” (5).
El PND no puede ser más claro en sus propósitos y contradicciones con los discursos del ejecutivo. ¿Algo nuevo, no ensayado en las últimas dos décadas? Nada, incluidas las fracasadas Zonas de Reserva Campesina. El capítulo ni siquiera hace una referencia en su diagnóstico a la tragedia del desplazamiento, ni a la dinámica de los múltiples conflictos que cruzan el mundo rural, ni a la política de restitución; estima que la locomotora puede pasar por encima del mundo real e implantar el esquema de crecimiento económico. ¿Cómo hablar de desarrollo rural sin apreciar los conflictos? Una vez más, las tensiones entre la política y los enfoques tozudos de una tecnocracia que no hace ningún esfuerzo por entender lo que pasa en el país y que tiene una alta responsabilidad en lo que ha acontecido en las últimas décadas. Sin embargo, hasta el momento es intocable; ¿hasta cuándo?
El gobierno ha manifestado que presentará una propuesta de desarrollo rural que integra la política de tierras, la estrategia general para el campo y el apoyo a los pequeños productores. A finales de abril de 2011 esta propuesta no ha sido presentada y la pregunta es si ello obedece a que espera que la aprobación del PND de salida a temas claves como la modificación de la UAF, que abre la ventana para la operación de las empresas actuando sobre grandes extensiones de tierra. Si esto ocurre, efectivamente asistiremos a la integración de un cierto tipo de campesinado sujeto a las zonas de reserva tal y cual lo dice el PND, estabilizados en los bordes de la frontera agropecuaria como política práctica sobre redistribución de tierra.
El campesinado colombiano debe hacerse muchas preguntas sobre lo que está pasando, pues no es gratuito que se quiera adelantar la integración de una porción de ellos al modelo que se consolida. Desde la inauguración de un enfoque “moderno” para la agricultura en los años treinta del siglo pasado, el Estado colombiano ha integrado parcialmente el campesinado a la política sectorial agropecuaria tanto para aplacar los conflictos sociales como para facilitar la acumulación de capital en el campo. Las reformas agrarias marginales, los proyectos de colonización, los programas de producción de alimentos y de emprendimiento han sido una forma de vincular a un sector del campesinado, en tanto a otro se le desvalorizó completamente. En todas estas décadas, la coerción, la violencia y el conflicto fueron usados, o por lo menos se hizo caso omiso de ellos, para recomponer la estructura de la propiedad y de la producción, las formas de poder local y sus alianzas con las élites nacionales. El mundo rural colombiano no se puede entender sin el conflicto –los conflictos, incluido el armado– y no se puede pensar el desarrollo rural sin pensar una manera de transformar positivamente el conflicto, en ganancia para la democracia.
En primer lugar, hay que reconocer –si bien no compartir– la nueva lógica de la política sobre lo rural, que tiene como unidad de análisis el territorio y los recursos disponibles en él, desde donde se redefine el papel de los actores. El nuevo modelo es en esencia para aquellos que pueden hacer explotaciones en grandes escalas y movilizar recursos institucionales por sí mismos (contratos, créditos, mercados, cooperación).
En segundo lugar, hay que reconocer –si bien no compartir–, que el modelo subor dina la tierra al conjunto de recursos que operan el capital en grandes escalas y ella pierde su valor como factor productivo sustancial, dando espacio a otros factores como las diversas formas del capital: humano, social, físico, natural y financiero. De paso, los actores apegados a ella son desvalorizados sustancialmente.
Tercero, las formas de integración del campesinado con el Estado se han deteriorado, en la medida en que la transformación de los sistemas de producción ha hecho menos necesaria su contribución en términos de producción de alimentos, para sostener una clase obrera que tiende a reducirse. Igualmente, los recursos que aportan divisas no están ligados hoy en día a las clásicas materias primas sino a los recursos energéticos.
Cuarto, la producción agrícola tiende a reconfigurarse no sólo en el tipo de productos que genera sino en el espacio geográfico en el cual se desarrolla. El territorio promisorio para el crecimiento agrícola se ubica en la Orinoquia, y las zonas del interior del país se piensan como espacios para otros usos como la minería, la producción de energía, el turismo, ganadería de alta tecnología y productos energéticos. Hasta el momento, el país no es pensado como una despensa alimentaria comandada por el campesinado.
Quinto, queda la pregunta de cómo se reactivarán los conflictos –incluido el armado– dada la disponibilidad de rentas que genera el reacomodo de la producción de los recursos disponibles en los territorios rurales.
Sexto, estas tendencias hacen prever grandes movimientos de población no sólo en pos de las nuevas fuentes de recursos, rentas e ingresos, sino también de desplazamientos forzados porque el apetito por el control territorial está a la orden del día.
La situación del campo colombiano deja entonces muchas preguntas. El campesinado, y en general el movimiento social, tienen la experiencia cercana de la segunda mitad del siglo pasado, cuando la recomposición de toda la estructura rural se dio en el contexto de conflictos agudos: la violencia del cincuenta; la acción de los pájaros; el reformismo y sus políticas de integración/cooptación; el surgimiento de las guerrillas; la consolidación de un tipo de reparto del poder entre élites, y la atomización del movimiento campesino, entre otras. Las últimas décadas nos dejan la tragedia del desplazamiento, los conflictos más intensos y un modelo rural que se consolida cabalgando sobre estas dinámicas.
¿Qué aprende el movimiento social, en particular el campesinado, de estas tendencias? ¿Cuál su proyecto político para tratar o enfrentar la situación? ¿Se estima valioso que su integración social y productiva esté apegada a las zonas de reserva, según la define el PND? ¿Cuánto campesinado soporta esta integración? ¿Hay una oportunidad para replantear el papel del campesinado? ¿Cuál es la opinión y posición de la sociedad y del movimiento social sobre lo que pasa hoy en el mundo rural?
El problema de la tierra, siendo un problema, parece entonces estar seriamente ligado a las transformaciones del mundo rural, al papel de los actores y al tipo de proyectos políticos que se agencian. El campesinado necesita entonces replantear su acción colectiva, definir otros órdenes de protesta más ligados a la definición de un proyecto identitario, que entienda las implicaciones de la ruptura tradicional de su integración con el Estado y se defina más en términos de su relación con la sociedad. El Estado, la Tierra y los aliados de antaño no parecen ser suficientes para encontrar una nueva organización y, dado el poder de sus oponentes, el campesinado requiere el apoyo de la sociedad. Tal vez, requiere más reconocimiento y aval social para acceder a recursos y menos palabras.
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1 Director del Proyecto Planeta Paz. E-mail: csalgado@planetapaz.org.
2 (Locomotora) agropecuaria y desarrollo rural.
3 PND 2010, 195.
4 Ibíd. 196.
5 Ibíd. 201.
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