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Según la cantidad de hectá- reas sembradas con árboles de teca, se están vendiendo “paquetes de oxígeno” a los países más contaminadores del planeta, como Estados Unidos, Japón e Inglaterra y, por supuesto, a sus corporaciones transnacionales. ¿Pero qué están haciendo estos países para mejorar el medio ambiente frente al calentamiento global? […] explotan a los países del Sur, despojan al campesino y lo llevan a la pobreza, mientras aseguran sus negocios y ganancias.
Corporación Social para la Asesoría y Capacitación Comunitaria, COSPACC. E-mail: moritz@riseup.net.
Entrevista a campesino del municipio de Ovejas (Sucre), agosto de 2011.
El mercado de emisiones de carbono ha aparecido en Colombia como un nuevo mercado que permite la financiación de megaproyectos agroindustriales y energéticos, por parte de capital extranjero y nacional; el lavado de imagen de empresas que han sido responsables con su actividad industrial del calentamiento global, y la legalización del despojo realizado por estructuras paramilitares durante los últimos veinte años.
Durante los dos gobiernos de Álvaro Uribe (2002-2010) se impulsó el mercado de carbono en Colombia. Se creó un marco legislativo y se promocionó, entre las empresas minero-energéticas, el gran potencial de Colombia en este mercado. Los esquemas de compensación de carbono llamados Mecanismos de Desarrollo Limpio (MDL), creados en el marco del Protocolo de Kioto, generaron solo para el año 2010, en Colombia, ganancias de alrededor de US$140 millones de dólares. Estos megaproyectos se están desarrollando de manera prioritaria en los sectores de energía, forestal y transporte; sus principales beneficiarios son empresas de capital nacional e internacional, entre las que se encuentran Isagen, Argos S.A., Incauca, Fedepalma, Empresas Públicas de Medellín y Emgesa.
Colombia se ha constituido, en 2011, como el cuarto país de Latinoamérica en número de proyectos MDL, registrados ante la U la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, CMNUCC, y el número once del mundo. En 2010 existían 158 proyectos registrados en Colombia ante el Ministerio del Medio Ambiente, y la proyección del gobierno de Juan Manuel Santos, según el PND 2010-2014, es llegar a 300 proyectos para el año 2014.
En febrero de 2011, la CMNUCC aprobó un proyecto de MDL presentado por la empresa cementera ARGOS S.A., que implicaba la reforestación de más de 2000 hectáreas con la especie Tectona grandis (teca), en la zona de los Montes de María. Argos S.A., grupo empresarial que reúne a 32 empresas colombianas y 51 extranjeras, es el cuarto productor de cemento en América Latina y el primero en Colombia, y una de las cinco empresas colombianas más valoradas en el 2010. La tierra donde se está implementando este MDL ha sido escenario de desplazamientos masivos en varias oportunidades. En 2001, estos fueron provocados por estructuras paramilitares que masacraron a población civil en la zona, en connivencia con la Fuerza Pública; entre 2005 y 2006 nuevos desplazamientos fueron provocados en los Montes de María por estos mismos actores armados. Los supuestos golpes a la insurgencia en la zona fueron recibidos por la población civil, la cual fue víctima de detenciones masivas, ejecuciones extrajudiciales, torturas y desapariciones forzadas.
Las operaciones entre militares y paramilitares, solo entre 2000 y 2002, despojaron a gran parte de la población de esta zona, y generaron un éxodo masivo de alrededor de 120 mil campesinos a las capitales departamentales de Sucre y Bolívar, siendo los municipios más afectados los de Ovejas, San Onofre y Carmen de Bolívar.
Estos desplazamientos masivos estuvieron acompañados, a partir del año 2005, por la compra masiva de tierras y una fuerte inversión económica en la zona, por parte de empresas nacionales e internacionales. En el año 2008, varias de las familias desplazadas del municipio de Ovejas decidieron vender sus tierras al señor Raúl Morales, representante de la corporación “Amigos de los Montes de María”, a precios, según los campesinos, de entre $300.000 y $400.000 la hectárea. De 2008 a 2009, los empresarios vinculados a esta corporación, habían comprado cerca de 60 mil hectáreas de tierra en la región de Montes de María. El empresario Otto Nicolás Bula Bula, poseedor de grandes propiedades en el departamento de Córdoba, y quien fuera segundo renglón del exsenador Mario Uribe, también adquirió varias fincas, como miembro de los “Amigos de los Montes de María”. Las inversiones financieras han buscado implementar, entre otros, cultivos de palma aceitera y yuca amarga para la producción de agrocombustibles, plantaciones forestales y ganadería extensiva, así como proteger la infraestructura petrolera y asegurar el acceso a minas de carbón y cal.
La empresa cementera Argos S.A. es una de las empresas que se adueñó de miles de hectáreas en los Montes de María, para implementar sus plantaciones de árboles de teca. La empresa compró directamente a los campesinos en la región, como también a través de su filial “Reforestadora del Caribe”, varios predios a los “Amigos de los Montes de María”.
El proyecto de MDL calcula capturar un promedio de casi 37.000 toneladas de CO2 por año, durante 25 años. En el mercado de carbono esto significa un estímulo de más o menos US$ 500.000 dólares anuales, llegando a US$ 12.5 millones de dó- lares durante todo el proyecto, equivalente a la inversión total del proyecto de reforestación.
Funcionarios de la empresa Argos S.A. han tenido vínculos directos e indirectos con el paramilitarismo, o se han visto beneficiados por él en diferentes partes del país. La empresa Tolcemento, la cual se fusionó con Argos en 2005, tuvo al senador Julio César Guerra Tulena como miembro de la junta directiva. Varios de sus miembros fueron condenados por haber firmado el “Pacto de Ralito” (el cual prometía “refundar el país”), o han sido investigados por haber conformado grupos paramilitares en Sucre. Según personas de la región, la familia se ha mantenido como accionista de la empresa Argos hasta la fecha.
El actual vicepresidente de finanzas corporativas de Argos Cementos Argos S.A., es Ricardo Andrés Sierra Fernández, hermano de Juan Felipe Sierra, capturado el 3 de agosto de 2008, acusado de ser el enlace entre la organización del jefe paramilitar Daniel Rendón Herrera, alias Don Mario, y altos funcionarios de la Policía y la Fiscalía, en Antioquia y Córdoba. Juan Felipe Sierra es, además, fundador de una empresa de vigilancia privada, Control Total Ltda., que contaba entre su personal con desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), y prestaba servicios de seguridad a la empresa Argos S.A. Ricardo Andrés Sierra Fernández fue accionista de la misma empresa, pero nunca involucrado por la justicia colombiana al organigrama de la organización de alias Don Mario.
Aquí había varios grupos guerrilleros. Luego llegaron los paramilitares, y eso fue peor. Unos diciendo que éramos de unos, y luego los otros diciendo que éramos de los otros. Teníamos que pagar cuota a la guerrilla, y teníamos que pagarle cuota a los paramilitares. Nos mataron a un tío. En fin, no sabíamos ya hacia dónde ir. La voluntad nuestra se fue con el viento. Nos ideamos la venta de estas tierras. Buscamos un cliente por intermedio de otros señores de aquí de San Onofre que también habían venido del interior del país, y apareció el cliente que fue Argos. Hablamos con ellos, le pedimos permiso a “Cadena”, el jefe de las AUC aquí en la zona, para mostrar la finca a los clientes y nos autorizaron...Yo sí creo que la familia de Uribe está metida, porque está metida la familia Moreno, y la esposa de Uribe es Moreno. Allí también está Mario Uribe, primo hermano del expresidente. En cuanto a la proyección al corto plazo de la Reforestadora, según tengo entendido, a todo el que vende le compran.
- Campesino que vendió su finca a la Reforestadora del Caribe S.A. en el municipio de San Onofre en entrevista en agosto de 2011.
Según los pobladores de Montes de María, la llegada de Argos S.A., a través de su subsidiaria, la Reforestadora del Caribe S.A., ha estado acompañada de reinsertados de estructuras paramilitares. A estas personas se las ha visto camufladas, encapuchadas y con armas largas AK-47 patrullando en medio de las plantaciones; además, haciendo presencia en diferentes veredas, en donde han realizado reuniones con los habitantes para informarles sobre su presencia, presentándose como “Las Águilas Negras”, “Las Botas Amarrillas” o “Las Protectoras de la teca”.
El 5 de diciembre de 2010, campesinos de la vereda San Francisco se dirigieron a pescar a la vereda El Oso. [...] seis hombres portando armas largas, vestidos con camuflados, tres de ellos encapuchados y con perros, amenazaron al grupo de pescadores para que suspendieran su actividad y abandonaran el terreno con el argumento de que estaban en tierras de propiedad de la Reforestadora del Caribe. Según señalan los propios pobladores, los hombres armados que se presentaron como parte del grupo de vigilancia, como la mayoría de los trabajadores de la empresa, son desmovilizados de las AUC, quienes antes de la desmovilización y ahora como vigilantes privados siguen con el amedrentamiento de la población.
- Informe “Visita al Terreno” del 16-24 de mayo de 2011 de las Montes de María, por parte del Movimiento por la Paz (MPDLColombia); Corporación Desarrollo Solidario (CDS); Instituto Latinoamericano de Servicios Legales Alternativos (ILSA).
Según estos testimonios, Argos ha optado por una privatización de su seguridad que se podría entender como la financiación de estructuras paramilitares, ya que estas personas vistas en la región, no tienen una identificación visible, y usan armas de guerra y prendas militares, a pesar de no pertenecen a ningún ejército regular.
La organización ambiental colombiana Fundación Natura, en conjunto con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Ministerio del Medio Ambiente y el Global Environment Facility (GEF) hicieron a finales de 2010 un portafolio de proyectos forestales que podían ser incluidos al mercado de carbono no como MDL, sino como proyectos de mitigación voluntaria. Ese mercado voluntario no está regulado por la UNFCCC; es creado por organizaciones y empresas nacionales e internacionales que se dedican a certificar, medir y lucrarse con las toneladas de CO2 ahorradas, supuestamente, gracias a estos proyectos.
La iniciativa de crear un mercado voluntario en Colombia recibió el 1 de septiembre de 2011 un apoyo de US$ 10.5 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Uno de los proyectos del portafolio forestal de ese mercado voluntario, perteneciente a Argos, consiste en el establecimiento de otras 10.000 hectáreas de plantaciones forestales en los Montes de María para uso comercial, dentro de los mercados nacionales e internacionales. El proyecto está calculado para mitigar unos 2.4 millones de toneladas de CO2, que tiene en el mercado voluntario un valor estimado de alrededor de US$ 21.6 millones de dólares.
El Gobierno ha reconocido la concentración de tierras en Colombia como una de las raíces del conflicto interno armado; pese a ello, ha promovido una política de expansión del sector agroindustrial y de la industria minera y petrolera, legalizando a la par el despojo realizado por estructuras paramilitares desde los años ochenta. La política de restitución de tierras del actual gobierno de Juan Manuel Santos, en el marco de la Ley de Víctimas, se ha de entender en este contexto como otro mecanismo para la legalización del despojo. Las inversiones de las empresas agroindustriales y minero-energéticos son consideradas como mejoras, realizadas por ocupantes de buena fe que no pueden ser restituidas a sus dueños originales.
De acuerdo con el artículo 99 de la Ley de Víctimas y de Restitución de Tierras, aprobada en el Congreso y actualmente en proceso de revisión por la Corte Constitucional, cuando existan proyectos agroindustriales productivos en el predio despojado y se haya probado la buena fe de quien aparezca como propietario, el magistrado encargado del caso podrá autorizar un acuerdo entre el desplazado y el empresario, con el propósito de desarrollar de forma completa el proyecto. En caso de no ser probada la buena fe, el predio pasa a la Unidad Administrativa de Restitución para que lo explote a través de terceros, y se destine lo producido al programa de reparación de víctimas, y al beneficiario.
El 31 de mayo de 2011 el Superintendente Jorge Enrique Vélez, en entrevista con Fernando Londoño Hoyos, dijo que la Superintendencia considera a Cementos Argos como tercero de buena fe, lo que imposibilita a los campesinos de la región de los Montes de María para recuperar sus fincas, actualmente sembradas con teca. Proyectos como los MDL en Colombia buscan, de esa manera, legitimar el despojo y promover un modelo extractivista y agroindustrial, que agudiza la concentración de tierras y obliga a los pequeños campesinos, indígenas y afrocolombianos a desplazarse a los centros urbanos.
• El Gobierno ha reconocido la concentración de las tierras en Colombia como una de las raíces del conflicto interno armado y, sin embargo, ha promovido una política que promueve la expansión del sector agroindustrial y la industria minera y petrolera, legalizando a la par el despojo realizado por estructuras paramilitares desde los años ochenta. La política de restitución de tierras del gobierno de Santos, en el marco de la Ley de Víctimas, se ha de entender en este contexto como otro mecanismo para la legalización del despojo, ya que las inversiones de las empresas agroindustriales y mineroenergéticas son consideradas como mejoras, realizadas por ocupantes de buena fe. Proyectos como los MDL en Colombia buscan legitimar este despojo y promueven un modelo extractivisita y agroindustrial que agudiza la concentración de tierras y obliga a los pequeños campesinos, indígenas y afrocolombianos a desplazarse a los centros urbanos.
• Los mercados de carbono y los MDL se posicionan como una nueva estrategia del capitalismo de profundizar su modelo de mercantilización de todos los aspectos de la vida. En Colombia muchos de los MDL y proyectos de mitigación voluntaria propuestos buscan ser desarrollados en territorios que hasta la fecha contaban con una protección legal por ser parque natural o de territorios indígenas y/o afrocolombianos.
• No hay una crisis económica, ni hay una crisis ecológica, sino que los mismos fundamentos de nuestra civilización están en crisis, por lo que hay que repensar la relación entre la naturaleza y el ser humano mismo. Las raíces del cambio climático están en un modelo económico que ha buscado mercantilizar todos los aspectos de la vida. La solución frente al cambio climático no puede seguir la misma lógica que ha generado este problema. Un cambio en el uso de las fuentes energéticas y de nuestros modelos de consumo puede constituirse como la única forma para afrontar los retos que presenta el cambio climático.
• La CMNUCC debe retirar el permiso para el proyecto MDL implementado por la empresa Argos, por desarrollarse en tierras en disputa, y porque la empresa está apoyándose para su estrategia de seguridad en estructuras paramilitares.
• La empresa Argos y sus directivos Rodrigo Sierra y Victoria Eugenia Uribe deben ser investigados por la justicia colombiana por haber propiciado la legalización del despojo, la promoción de estructuras paramilitares y la apro - piación ilegal de tierras en los Montes de María.
• La política gubernamental de tierras debe ser para proteger el pequeño campesinado y no para promover un modelo agroindustrial. Las Zonas de Reserva Campesina y los Planes de Vida de los campesinos, indígenas y afrocolombianos, se constituyen en este sentido como una alternativa viable desde las propias comunidades.
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