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Juan Picolotti1 y David Barnden2
Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente3
En 1997, la compañía privada Aguas Cordobesas4 firmó un contrato con la Provincia de Córdoba por un plazo de treinta años, para abastecer de agua potable a la ciudad de Córdoba, la segunda más grande de la Argentina.
Para lograr los objetivos de la concesión, era necesario por parte de la empresa Aguas Cordobesas una inversión de US$ 500 millones. Para asegurar los primeros dos anos de la concesión la empresa debía invertir US$ 150 millones de los cuales US$ 40 millones fueron solicitados al BEI5 para la ampliación de la planta potabilizadora del Suquia y otras obras relacionadas con el proyecto6.
En diciembre de 2005, luego de un proceso de negociación con la Provincia de Córdoba, una ley provincial fue aprobada permitiendo que Aguas Cordobesas aumente tarifas desde 100% al 500%7. Desde entonces las calles de Córdoba han sido testigo de las protestas locales, la reprobación a este nuevo contrato ha sido provocada principalmente por el aumento desmedido de las tarifas, pero también existe un reclamo generalizado por la mala gestión, en algunos aspectos, que ha tenido el recurso luego de haber sido privatizado.
Por el nombre pareciera que la Empresa fuera un ente público, perteneciente al Estado, como lo fue desde siempre aunque con otro nombre. Pero al profundizar en la estructura accionaria de la Empresa “Aguas cordobesas”, observamos que esta integrada por: a) 56% por el grupo Suez - Ondeo y Aguas de Barcelona; b) 12% por el Banco Galicia; c) 16% por el grupo Roggio; d) 14% inversores locales.
Aguas Cordobesas es una de las tres principales inversiones que ha realizado el grupo Suez en Argentina. Las otras dos concesiones fueron realizadas en Buenos Aires (Aguas Argentinas) y en Santa Fe (Aguas de Santa Fe). Ambas prestaciones han culminado en forma intempestiva a causa de distintos incumplimientos cometidos por los concesionarios mencionados8. Es muy importante tener claridad sobre quienes son todos los accionistas de la empresa, ya que si bien Suez adquiere la responsabilidad de operador técnico de la misma por ser su mayor accionista y por su experiencia como abastecedor del servicio público9, este hecho no excluye al resto de los accionistas de la responsabilidad solidaria que todos tienen en la gestión de la concesión. En este sentido llama la atención, que ante el posible retiro de la concesión de su mayor accionista, el grupo Suez, la Provincia permita y avale que estas acciones sean adquiridas por el grupo Roggio10 quien también tienen responsabilidad en la deficiente gestión de Aguas Cordobesas.
En abril de 1997 y ante una supuesta crisis económica y política relacionada con la prestación de este servicio publico, el Poder Ejecutivo Provincial decidió licitar el agua potable de los cordobeses por un plazo de 30 años entregando el poder de la potabilización y distribución a la empresa Aguas Cordobesas dentro de un radio de 24 kilómetros cuadrados en la ciudad de Córdoba. Esta concesión implica una gran responsabilidad, ya que la Ciudad de Córdoba es una de las más pobladas de Argentina, contando con más de un millón de habitantes11.
Una de las principales obligaciones de la empresa esta centrada en mantener una red ya existente de 2776 km y en potabilizar el recurso. Uno de los mayores desafíos seria el de disminuir la cantidad de personas que había sin acceso al agua potable ya que el contrato tiene como objetivo el acceso al agua potable del 97%12 de los individuos que viven en el ámbito de la ciudad de Córdoba antes del 2026.
El plan de inversión indicaba un desembolso de 150 millones de dólares en los primeros años13, además, la empresa debería pagar al gobierno un canon anual fijo y otro variable por la extracción y el costo de uso del servicio. Este contrato fue negociado a puertas cerradas por el Gobierno Provincial y la empresa, sin ningún tipo de información ni participación a la comunidad ni a la sociedad civil en general.
Como resultado de la grave crisis económica sufrida por el país en el año 200114, el nuevo Gobierno decide congelar todos los aumentos relacionados con los servicios públicos. Como consecuencia de esta resolución momentánea y la imposibilidad posterior de aumentar la tarifa, la empresa denuncia al Gobierno por los supuestos daños y perjuicios sufridos ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, mas conocido como CIADI. Esta demanda se realizó teniendo como base las obligaciones enmarcadas en los tratados bilaterales de la protección de inversiones franco-argentinas y fue por un monto superior a los cien millones de dólares15.
El 28 de diciembre de 2005, dos días antes de que culminara el año lectivo y entre dos fechas festivas, la provincia de Córdoba firmó un acuerdo de renegociación del contrato de concesión del servicio público de suministro de agua potable de la ciudad de Córdoba, aprobado por la Ley 9279. Este acuerdo contiene la aplicación del nuevo régimen tarifario, que conforme notas de aviso que envió aguas cordobesas a distintos usuarios, permitiría aumentos de hasta un 500% según la zona donde se presta el servicio. Para lograr este resultado, la ciudad fue dividida en 7 zonas, aplicando en algunos casos subsidios cruzados que beneficiarían supuestamente a los sectores más pobres de la sociedad. En esta renegociación, la provincia de Córdoba, además de permitir el aumento excesivo de tarifas, decidió en forma totalmente injustificada, eximir del canon fijo y variable que debía la empresa desde el año 2002 al presente y que supera la suma de US$ 25 millones16. Por segunda vez en esta problemática, el gobierno de Córdoba decide sobre los recursos naturales y económicos de los cordobeses sin ningún tipo de articulación con la comunidad. El repudio social a este acuerdo llego a tal nivel, que el ERSEP17 decidió suspender por el plazo de noventa (90) días contados desde el 1º de febrero del año en curso, la aplicación del nuevo régimen tarifario.
Como ya lo mencionamos, el plan de inversión total del contrato de la concesión estaba pautado en US$ 500 millones, que se debía realizar en un plazo de 30 años, debiendo la empresa hacer un desembolso de US$ 150 millones en los dos primeros años de la concesión. La empresa al observar que no llegaría a cumplir con estas expectativas en el plazo estipulado con fondos propios18, solicitó en julio de 1998 un préstamo al Banco Europeo de Inversiones por US$ 40 millones con el fin de financiar la ampliación de la planta potabilizadora Suquia y otras obras relacionadas con la primera etapa del proyecto. El plazo de cumplimiento para este préstamo fue de 10 años, con un período de gracia de 3 años. Este contrato establece una cláusula especial que indica que en el caso de riesgos políticos en el País de inversión que incluyesen la no-convertibilidad, existirá un seguro de garantía cubierto por la Unión Europea19.
Si bien este tipo de cláusulas es de “complejo” entendimiento por la forma de redacción, suponemos, a priori, que al darse el acontecimiento fortuito de devaluación de moneda en el País de inversión donde esta dirigido el crédito, la empresa deudora podrá interponer un seguro de garantía incluido en el contrato para eximirse, al menos, de algunas cargas que debe sufrir por la devaluación existente en el país en el que está invirtiendo. Esto nos lleva a pensar que Aguas Cordobesas, no debió verse tan perjudicado por la devaluación de la moneda Argentina, ya que a través de esta cláusula tiene la posibilidad de re negociar sus deudas.
A continuación, haremos referencia brevemente a los impactos sociales y económicos como consecuencia del presente préstamo, y en definitiva de este proyecto:
Como la mayoría de las áreas urbanas en la Argentina, Córdoba tiene un importante porcentaje de zonas de menores recursos que están ocupadas por personas indigentes. En la provincia de Córdoba, la desocupación asciende al 10,9% y la subocupación al 8,1%. Con respecto a la pobreza, las estadísticas indican que el 54,7% de de las personas están bajo la línea de pobreza y el 22,2% en la línea de po- breza20.
En el año 2000, estas zonas que se encuentran dentro de la ciudad de Córdoba integraban un total de 70.000 de habitantes que contribuían en un 5% de la población de la ciudad. Estas familias están ubicadas en su mayoría en la zona suburbana a lo largo de las vías de los ferrocarriles, o zonas aledañas21.
El acuerdo de la concesión exigía que Aguas Cordobesas ampliara la población atendida de 83% al 97% a lo largo de los 30 años de duración de la concesión. Está claro entonces, que desde el comienzo del contrato, ninguna de las partes tuvo la intención de cubrir a un 3% de la población. Además, nunca se pudo aclarar si cuando se hablaba de atender a un 97% de la población se incluía a las zonas pobres, y a las zonas que tenían y aún tienen conexiones ilegales y/o clandestinas.
El gran desafío hoy incumplido era brindarle el servicio a las zonas marginales. Para el año 2003, luego de más de 5 años de concesión, la empresa había alcanzado una cobertura del 90,89% que aun dejaba a 16.5000 personas con agua abastecida de otras fuentes22.
En este contexto, Aguas Cordobesas realiza un contrato de concesión para abastecer de agua potable principalmente a las zonas con poder adquisitivo para hacer frente al pago del servicio, dejando afuera del mapa de distribución a miles de personas que hasta el día de hoy no pueden de gozar de este derecho humano23.
Otro hecho relevante de la forma de actuar de esta empresa, es el indicador de que Aguas Cordobesas esta llevando hoy agua potable, a lugares que si bien están fuera de su mapa de concesión, implican nuevas urbanizaciones de gente con alto poder adquisitivo24. Muchas veces encontramos que al lado de estos emprendimientos a quienes les sobra el agua potable, existen asentamientos pobres a quienes se les niega la red y el servicio, por no formar parte de la concesión y además no tener los recursos económicos para hacerse cargo de la ampliación de la red y de las posteriores conexiones.
Finalmente, debemos mencionar que si bien Aguas Cordobesas a colocado en su mapa de concesión a algunas zonas de menores recursos, a dejado afuera a un gran porcentaje de las mismas violando de este modo distintas políticas de la Unión Europea relacionadas con la intención de disminuir la pobreza en los países en desarrollo.
La falta de provisión del servicio en forma debida tiene como resultado miles de conexiones ilegales, que si bien el ERSEP no quiere asumir25, es una situación de hecho que hasta la misma Empresa a reconocido en el anexo VI del acuerdo de renegociación del contrato de concesión. El mismo indica que las conexiones ilegales26 abastecían a 7.000 familias en el 200527.
Las familias que se ven sometidas por necesidad a este tipo de conexiones, están subordinadas a vivir en una situación irregular, por necesidad, y además se ven frente a la incertidumbre de que Aguas Cordobesas las denuncie por tener una conexión ilegal con las consecuencias penales y de corte de servicio que implica esta situación. Igualmente, se reservó en el nuevo contrato la facultad de cortar el servicio cuando fuere ilegal y de aplicar severas multas.
Otro impacto social ha sido la cantidad de despidos ocasionados desde que Aguas Cordobesas se hizo cargo de la concesión. El número de empleados descendió de 1.300 a 436 en 1999. Y si bien esta cantidad de despidos puede ser aceptable desde el punto de vista de la “eficacia28 ”, dejar sin fuente de trabajo de un día para el otro a cientos de familias es sumamente discutible, con mayor razón en una ciudad que en aquel momento tenía una tasa de desempleo del 25%.
El aumento de tarifa convenido por la empresa y la provincia, como ya se menciono más arriba, llegaría en algunas zonas hasta el 500%. Esta situación tuvo como consecuencia inmediata la reacción social, acompañada por la prensa29 quien publicó en primera plana los posibles aumentos que se efectivizarían luego del mes de febrero de 2006. Ante la presión comunitaria, el ERSEP, dictó una resolución30 donde se suspende por 90 días la ejecución del nuevo contrato. Por su parte el gobierno provincial salio públicamente a reconocer el error en la firma de esta renegociación y prometió realizar una audiencia pública para discutir la problemática. La reacción de Aguas Cordobesas fue inmediata, manifestando que si las tarifas no se aumentan conforme lo establecido, se retirará de la provincia y solicitará la indemnización por los perjuicios causados.
Al haberse suspendido la ejecución del nuevo contrato, manteniéndose (temporalmente) las tarifas anteriores, el Grupo Suez - Ondeo decide retirarse de la concesión siendo uno de los posibles compradores del capital accionario, el grupo Roggio31 quien ya tenia capital accionario en la empresa. En cuanto a la posible audiencia pública y el nuevo aumento tarifario, aún no se conoce ninguna información con certeza.
En el año 2003, la Empresa decide demandar al Estado ante el CIADI por más de 100 millones de dólares debido a los supuestos perjuicios ocasionados a la empresa por la devaluación monetaria ocurrida en Argentina. En este sentido, si bien es cierto que la devaluación y posterior congelamiento pudo haber traído algún tipo de perjuicio a la empresa, la misma no debería dejar de tener en cuenta que esta prestando un servicio público y que el mismo Estado al que hoy demanda por perdidas, le hizo tener ganancias millonarias en dólares durante años cuando el peso argentino estaba en paridad con el dólar. En la renegociación del contrato, la provincia exigió a la empresa que retirara esta demanda, a la fecha no hay notificación formal a la provincia de este desistimiento.
En este caso debe destacarse que ha habido una falta total del acceso a la información y participación en distintos aspectos: 1) Realización y renegociación del contrato; 2) Subas de tarifas; 3) Instalación de medidores; 4) Zonas provistas por la concesión; 5) Provisión del servicio en las zonas pobres; 6) Impacto ambiental de la obra y el mantenimiento de la misma.
Creemos que muchas de las consecuencias negativas que hoy tenemos con respecto a la concesión del servicio y el rechazo que a producido la misma en la sociedad, se podrían haber evitado con un proceso participativo, de esta forma se hubieran logrado soluciones que realmente beneficien a la mayoría de la comunidad, pero en este caso la compañía y la provincia actuaron en forma discrecional, sin querer informar, discutir, ni escuchar a los vecinos de la ciudad de Córdoba.
El rol del BEI en América Latina, comienza a ser investigado, analizado y discutido por la influencia que comienza a tener este banco en las inversiones públicas y privadas que se realizan en estos países. La transparencia y participación que hoy se exige del BEI desde la sociedad civil no es casual, surge de la experiencia que América Latina viene sufriendo con el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo entre otras Instituciones Financieras Internacionales.
Estamos convencidos que este tipo de bancos no puede convenir un crédito con un particular para que este lo desarrolle en un país, desentendiéndose de los efectos que este proyecto provoca en el ámbito elegido para la inversión. Estos bancos, son organismos públicos, sin fines de lucro, por lo tanto debe ser prioridad para los mismos exigir el cumplimiento de determinadas políticas públicas en cada uno de los créditos que otorgan; de lo contrario, si la entidad crediticia sólo está pendiente de las cuotas adeudadas, inmediatamente se transforma en un banco privado, un ente con fin de lucro, que sólo está interesado en que se realicen inversiones para poder recaudar con los créditos que se otorgan a las empresas.
En este contexto y en lo que al proyecto de inversión de Aguas Cordobesas respecta, creemos que el BEI, tendría que haber exigido o negociado con la empresa, otra modalidad de invertir este dinero, para que este crédito sirviera para brindar agua a quienes no tenían y no solo mejorar el servicio para aquellos que ya tenían el servicio.
Quedó demostrado, por los hechos, que la privatización del servicio de agua potable y saneamiento en Argentina fue un fracaso, sin embargo el BEI, a pesar de ser uno de los entes que colaboró económicamente para llevar adelante estas concesiones, nunca intervino para intentar lograr una solución a la crisis que se desató por el incumplimiento de las concesionarias.
¿Cómo el BEI va a cumplir con las políticas de desarrollo creadas por la Unión Europea para Latinoamérica, si no controla y participa en los proyectos en que es acreedor?
Finalmente, si nos colocamos como observadores frente a un mapa de situación, pareciera que el BEI otorga créditos a empresas europeas para que éstas lucren con los recursos naturales y económicos de los países más débiles y se fortalezcan, favoreciendo así indirectamente a la economía europea, ya que la mayoría de las divisas que ganan las empresas en los países donde realizan las inversiones, se transfieren a las casas centrales que en la mayoría de los casos están en Europa.
Si el BEI pretende seguir invirtiendo en América Latina, debe inmediatamente, cumplir en forma total con las políticas de la Unión Europea, y en definitiva, dejando de mirar solo hacia Europa mientras sus créditos están siendo ejecutados en otros países con impactos sociales y económicos, muchas veces, alarmantes.
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[1] Abogado, Procurador, Asesor Legal de la Fundación Centro de Derechos Humanos y Ambiente, Adscripto de la Cátedra de Recursos Naturales y Ambiente de la Universidad Nacional de Córdoba, Secretario Académico de la sala de derecho ambiental del colegio de abogados de Córdoba. C.e: Juan@cedha.org.ar
[2] Abogado, Colaborador del Área de Instituciones Financieras Internacionales del Centro de Derechos Humanos y Ambiente.
[3] El Centro de Derechos Humanos y Ambiente (CEDHA), creado en 1999, es una organización no gubernamental sin fines de lucro cuyo objetivo es construir una relación más armoniosa entre el ambiente y las personas.
[4] Esta compañía esta conformada por aportes de acciones mayoritarios de Grupo Suez y Aguas de Barcelona.
[5] El banco europeo de inversiones.
[6] Conforme nota enviada a CEDHA por parte del Ente Regulador de Servicios Públicos (ERSEP), nota nro.: 16021005934406, de fecha 9 de mayo 2006.
[7] Ley 9279 de 28 de Diciembre 2005
[8] El contrato de Aguas Argentinas se rescindió el 21 Marzo de 2006. ‘El contrato fue rescindido "por culpa del concesionario", anunció el ministro de Planificación, Julio De Vido, que acusó a la empresa de "abuso de poder" ante los clientes y de "graves irregularidades de carácter prolongado". http://www.univision.com/contentroot/wirefeeds/35dinero/6433129.html
El 31 de Enero, 2006, Suez anunció la liquidación de Aguas Provinciales de Sante Fe, fuente: Suez Annual Report 2005, p272.
[9] Nixon A, Working Paper 44205, The Córdoba Water Concession in Argentina, January 2001 p14
[10] La Voz del Interior, Fecha 26/05/06.
[11] En el momento del prestamo del BEI hacia Aguas Cordobesas, la población de Córdoba era 1.3 millones, la segunda ciudad más grande en la Argentina luego de Capital Federal. En el censo nacional realizado en el 2003, la población de Córdoba se elevo a la cifra de 1.5 millones.
[12] Nixon A, Working Paper 44205, The Córdoba Water Concession in Argentina, January 2001, p14. El porcentaje de cobertura de la red al principios de la concesión fue 83%.
[13] Nixon A, Working Paper 44205, The Córdoba Water Concession in Argentina, January 2001, p16
[14] Esta crisis socio económica fue conocida a nivel internacional como el default de la Argentina.
[15]http://www.lavozdelinterior.com.ar/2006/0402/UM/nota402885_1.htm - http://argentina.indymedia.org/news/2005/10/333207.php
“CIADI Nº ARB/03/18 Aguas Cordobesas S.A., Suez y Agbar c./ la Republica Argentina”
[16]
[1] Ent[17] Ente Regulador de Servicios Públicos de la Provincia de Córdoba.
[18] Lobina E and Hall D, Problems with private water concessions: a review of experience by June 2003
[19] Comunicado de prensa BEI.
[20] http://www.cedha.org.ar/docs/psicologia-ambiental-pobreza-politicas-publicas-experiencias.doc
[21] Nixon A, Working Paper 44205, The Córdoba Water Concession in Argentina, January 2001p16
[22] www.aguascordobesas.com.ar/1-lacon.asp
[23] Conforme la observación general numero 15 de Naciones Unidas el acceso al agua potable es un derecho humano.
[24] Nos referimos a los country y barrios privados.
[25] Por nota nro. 16021005934406 el ERSEP indica que desconoce la eventual existencia de conexiones clandestinas del servicio.
[26] En el ano 2001, las conexiones ilegales se calculaba en un 3% de la población de Córdoba.[1] .
[27] Anexo VI del contrato de concesión del servicio público de agua potable de la ciudad de Córdoba - Plan Director de Inversiones 2006 – 2027 y PMES 2006 – 2008 (Acuerdo de renegociación Diciembre 2005), p9.
[28] Nixon A, Working Paper 44205, The Córdoba Water Concession in Argentina, January 2001p15
[29] La Voz del interior, fecha 8 de febrero del 2006.
[30] Resolucion del ERSEP Nro. 207, http://www.lmcordoba.com.ar/2006/06-02-24/1_econo_01.htm
[31] La voz del interior, fecha 26/05/06.
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