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Proyectos de gran minería para el suroeste de Antioquia: ¿La imposición de una nueva ruralidad? ¿Anglo Gold Ashanti, la nueva terrateniente?

Juan Carlos Castro, Colombia, Diciembre 03 de 2009, Este artículo ha sido consultado 3857 veces

El suroeste antioqueño está localizado en las vertientes de las cordilleras Central y Occidental que conforman el cañón del río Cauca y la cuenca del río San Juan. La zona objeto de esta divulgación pertenece específicamente al flanco oriental de la cordillera occidental, entre los ríos San Juan y Cauca, en límites con los departamentos de Caldas y Risaralda, en cuya vertiente geográfica se encuentran municipios como Guática y Quinchía en el departamento de Risaralda, Río Sucio, Supía y Marmato en el departamento de Caldas, y Caramanta, Támesis, Jardín, Valparaíso, Jericó, Pueblo Rico y Tarso en el suroeste del departamento de Antioquia.

Dada la conformación montañosa del territorio, el suroeste antioqueño presenta además, una gran riqueza hídrica. Cada uno de los municipios posee innumerables fuentes de agua que tributan al río Cauca, el cual recorre toda la región, influyendo considerablemente en el clima.

La economía de esta zona geográfica, transgredida y debilitada por el perdurable problema de la concentración de la tierra y la expansión de cultivos de agroexportación, sigue soportada por la agricultura de subsistencia o de economía campesina, donde se encuentran renglones de gran importancia como la caficultura con predominio de la pequeña propiedad, el cultivo de la caña de azúcar para la producción de panela, el plátano, así como la cría de ganado vacuno principalmente, y en la explotación de minas auríferas de forma artesanal en los municipios de Guática, Quinchía, Río Sucio, Supía y Marmato, pertenecientes a los departamentos de Risaralda y Caldas.

Este último municipio representa una tradición de 470 años en explotación de oro en el país, que atrajo a los españoles apenas 50 años después de su entrada a América, aniquilando a la población indígena aborigen local y de la región (Cartamas y Moragas, Supías y Quimbayas). Y que ahora, gracias a las políticas gubernamentales como la llamada “confianza inversionista”, que no es más que la entrega de nuestros recursos, con enormes garantías para los inversionistas foráneos; es así como toda esta región está siendo solicitada para proyectos de minería.

Según Catastro Minero de INGEOMINAS 2008, en la región mencionada del suroeste de Antioquia y eje cafetero,existen 74.088 hectáreas que están solicitadas para proyectos mineros, de los cuales la segunda multinacional más grande del mundo en explotación de oro, la Anglo Gold Ashanti AGA posee 39.916 hectáreas, es decir el 53,8% del total solicitado.

Quiere decir esto que dentro de la nueva reconfiguración o geopolítica de los territorios, esta región sería un enclave minero  que se vincula a actividades de exportación, desconectado del espacio que lo rodea e integrado a través de corredores logísticos de infraestructura e integración urbano- regional como las vías que se construyen desde Medellín y el eje cafetero hacia el futuro puerto de Tribugá en el Pacífico, permitiendo así que funcionen como arterias o vías por las cuales se moverán las materias primas.

 

Municipio de Támesis: Reserva agroalimentaria e hídrica

El municipio de Támesis, ubicado en esta región, específicamente en el suroeste del departamento de Antioquia con una enorme riqueza hídrica (ver mapa 1) y paisajística, es un territorio que, sin ninguna vocación minera, el 91% de su jurisdicción (22.339 has) está solicitada para proyectos de minería (Catastro Minero 2009. Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia), de los cuales el 29% (7.112 has) de las solicitudes pertenecen a la transnacional sudafricana Anglo Gold Ashanti AGA, quien desde hace unos tres o cuatro años viene realizando actividades de prospección y exploración en todas las zonas ecológicas del territorio.

Esta empresa, de la cual ya conocemos ampliamente de sus antecedentes por el mundo, ha entrado a algunas zonas utilizando alta tecnología para la exploración minera de las áreas concedidas por la nación, cuyo modus operandi que hemos conocido hasta ahora, es el siguiente:

- Utilizan la fuerza pública como parte de su departamento de seguridad
- Involucran y “conquistan” a las comunidades al ofrecerles empleos por 15 días, pagándoles mezquinos jornales y con dádivas que van desde un almuerzo comunitario hasta huertas productivas, según su grado de intervención.
- El personal profesional de campo de la empresa también lo integran ecólogos, trabajadores sociales, quienes manejan el discurso del no impacto de la exploración minera.
- Es importante mencionar  la clara contradicción del discurso de la minería sustentable, pues la minería es un recurso no renovable que se agotará con su explotación, y más aún cuando la minería que se propone realizar es a cielo abierto.
- También hemos encontrado casos de ex funcionarios públicos de altos rangos vinculados a las empresas mineras, como el anterior director de la Corporación Autónoma Regional CORANTIOQUIA, quien hoy en día maneja un alto cargo y un nuevo discurso pro-minería en una de las empresas mineras presentes en la región,  al igual también que ex alcaldes y ex personeros, entre otros.
- Durante la tercera fase de exploración en la cual deben hacerse profundas perforaciones de más de 400 metros  con taladros especializados, se han presentado daños en el ecosistema, al perforar acuíferos o reservorios internos de agua, los cuales por presión hidrostática brotan a la superficie y el manejo que se le ha dado por parte de la empresa minera es simplemente conducirla con mangueras a la fuente más cercana. Este caso ocurrió en el municipio de Jericó, sector Palo Cabildo en 2008.

Es importante destacar la fragilidad del Código de Minas en esta fase de exploración minera en cuanto al tema del impacto ambiental, donde solamente se le exige a las empresas un Plan de Manejo Ambiental.

- Otro aspecto importante que encontramos y que probablemente va a darse más ahora con la nueva reforma minera, al permitir que la fase de exploración pueda darse en un lapso de tiempo de hasta 11 años, tiene que ver con el cambio de propiedad de la tierra, lo que probablemente podría repercutir en un negocio especulativo de venta de títulos. En la información documentada, logramos encontrar como las empresas cambian de nombre en los títulos, de acuerdo a la información suministrada por la Secretaría de Minas de la Gobernación de Antioquia:

1.El Contrato de Concesión número 6318 perteneciente a la Anglo Gold Ashanti Colombia S.A. (julio de 2008), solicitado para oro, plata, cobre, zinc, platino y sus concentrados en un área de 1.770 hectáreas, en mayo de 2009 y con las mismas especificaciones, cambió su nombre actualmente por Minera Quebradona S.A.y con un área de 286 hectáreas.
2.El Contrato de Concesión 7344 a nombre de Continental Gold Colombia S.A. con un área de 1.980 has., hoy aparece a nombre de Negocios Mineros S.A.

Es decir, que este aspecto puede evidenciar quizás una pirámide de títulos mineros, los cuales pueden haber pasado por muchas manos o simplemente para evitar gravámenes por parte del Estado, aunque es innegable ocultar que las normas mineras actuales están adecuadas a los intereses de estas transnacionales, como se pudo comprobar en la última reforma realizada al Código de Minas.

Uno de los aspectos jurídicos que la población ve como una posibilidad de blindaje contra estos proyectos mineros para por lo menos el 40% del total  del territorio municipal, tiene que ver con la declaratoria de una Reserva Regional por parte de Corantioquia.

Esta declaratoria estuvo dando vueltas desde el año 2002 cuando se realizó el Plan de manejo propuesto para la Reserva, hasta hace unos 3 meses, en abril de 2009, después de que coincidencialmente la empresa minera Anglo Gold Ashanti AGA, culminara en estas áreas su fase exploratoria, ha sido reglamentada mediante Acuerdo número 316 de la Corporación Autónoma Regional Corantioquia.

Aunque finalmente consideramos que esto se convierte en una estratagema que profundiza el problema, por dos razones principales:

- La primera porque en el último Código de Minas aprobado en 2001, se cambió el término jurídico de zonas excluidas para la minería, por zonas “excluibles” para la minería, entre las que se encuentran estas áreas de conservación, lo que quiere decir que hoy en día en dichas áreas, sí puede hacerse minería, pero con condiciones, o sea que, lo que anteriormente se prohibía, hoy en día simplemente se restringe.

- La segunda razón tiene que ver con que esta declaratoria de reserva, que se integra con otros ecosistemas estratégicos en la cordillera occidental para la creación de corredores biológicos, contemplados en los Planes de desarrollo nacional y regionales, “es una estrategia geopolítica para controlar, expropiar y someter a los territorios más ricos y estratégicos del planeta, por parte de los países más desarrollados, de las compañías o casas comerciales y de las empresas multinacionales, dejando ver como en la globalización de América Latina es, además de estrategia, imprescindible para las potencias de la orbe al asumir el control económico mediante el control de los recursos naturales estratégicos (biodiversidad, energía, agua y minerales), la agricultura, la industria y los recursos humanos” (2) .

Otro aspecto que nos hemos encontrado es, como algunas Alcaldías municipales se alían a favor de estas empresas, como sucede con el municipio de Caramanta, donde en el actual Acuerdo municipal que reglamenta la revisión y ajuste al Esquema de Ordenamiento Territorial de acuerdo a lo establecido en la Ley 388 de 1997, en el numeral 3 de los programas del sistema ambiental territorial, menciona como primer programa el potencial minero y dice que “casi todo el territorio está declarado como potencial minero y que es de vital importancia que la minería se aproveche de manera sostenible y con todas las especificaciones ambientales”.

A esto se suma el atropello hecho propiamente por el señor Alcalde municipal de la localidad quien en el pasado mes de abril del presente año, en un foro sobre minería organizado por la Asamblea municipal Constituyente, envió a la fuerza pública a expulsar del lugar del evento a todos los participantes, los cuales hicieron resistencia, lo que conllevó finalmente a que les fuera suspendido el sonido y  ser asediados todo el tiempo en el lugar por hombres de la policía nacional como si se tratara de un acto delincuencial. La empresa Anglo Gold Ashanti AGA que se invitó y confirmó su participación, nunca hizo presencia en el evento.

Es importante mencionar también como el actual Código de Minas desconoce y supedita instrumentos de planificación del territorio, como los Planes de Ordenamiento Territorial POT, reglamentados por la Ley 388 de 1997, imponiendo un instrumento sectorial con alcance netamente económico como son los planes mineros. 

 

Acciones implementadas para la defensa de nuestra vocación agroalimentaria e hídrica

La población municipal en torno a sus instituciones y organizaciones, conciente de la grave amenaza de tipo ambiental, económica, social que se cierne por la entrada de estos grandes proyectos, ha venido implementando una serie de acciones con el propósito de denunciar y sensibilizar a sus pobladores de esta situación.

1- La Asociación de Familias Campesinas BIABUMA, con el apoyo de otras organizaciones como la ASAP del municipio de Caramanta, la Organización Indígena de Antioquia, CECOIN y la Fundación Swissaid, llevaron a cabo en la localidad el Foro Social Minero en junio de 2008, con el propósito de abrir un espacio informativo y reflexivo frente a la actual situación de la expansión minera en la región y sensibilizar a la sociedad, sus instituciones y organizaciones para influenciar favorablemente en las políticas públicas que permitan un desarrollo rural integral de las comunidades.

A este evento participaron más de 700 personas entre alcaldes, concejales, organizaciones no gubernamentales, entidades gubernamentales y se recogieron las siguientes conclusiones:

- Proponer un debate en la cámara de representantes y la asamblea departamental de Antioquia respecto al Código Minero.
- Profundizar en el conocimiento de la problemática regional y en particular constituir un grupo de estudio y difusión.
- Crear una red permanente de trabajo en el nivel regional y nacional.
- Realizar el segundo foro social minero con énfasis en el suroeste.
- Apoyar el Referendo Nacional por la defensa del agua.
- Exigir la derogación del código de minas.
- Reafirmar la vocación agroalimentaria e hídrica de la región.
- Declarar áreas protegidas en los territorios indígenas y el respeto por la autonomía y exigir la consulta previa.
- Rechazo contundente a las empresas transnacionales que saquean y se llevan nuestros recursos.
- Apoyar el Referendo Nacional por la Defensa del Agua para su no privatización.

Este foro marcó la pauta para la implementación de un plan de acción y la conformación de una estructura que representara a los diferentes actores municipales y que denominamos “Comité Cívico por la Defensa del Territorio”. 

El Comité Cívico está conformado actualmente por representantes de la Administración municipal, Concejo municipal, representantes de las comunidades, organizaciones sin ánimo de lucro, sector educativo, entre otros.  Se destacan los siguientes logros alcanzados hasta el momento:

- Documentación de los casos
- Legitimidad en el territorio
- Sensibilización a la población y conformación de comités veredales
- Cabildo Abierto en el Concejo Municipal con representantes de la empresa minera Anglo Gold Ashanti AGA y el rechazo rotundo y unánime de toda la corporación a estos proyectos y empresas.
- Movilización por las calles del municipio el día 12 de octubre de 2008 en un rechazo a la entrada de proyectos mineros al municipio. Más de 400 personas representantes de organizaciones e instituciones municipales marcharon en contra de la minería en el territorio.
- Vinculación a un proyecto nacional de investigación en alianza con otras organizaciones y seguimiento a empresas mineras canadienses que se encuentran en Colombia.
- Participación en Audiencia Pública en el Congreso de la República denunciando la actual situación que se presenta en la región y reafirmando la vocación agroalimentaria e hídrica del territorio

 

Conclusiones

- Las regiones hoy en día viven una reconfiguración de los territorios, desconectada totalmente del espacio que las rodea, encontrándose municipios que antes no tenían características de pueblos mineros, de la noche a la mañana pasaron a ser de vocación minera, a pesar de sus potenciales agroalimentarios, hídricos, entre otros.

- La Anglo Gold Ashanti AGA es la transnacional que más zonas para concesión posee en la región del suroeste y eje cafetero.

- Se están imponiendo mecanismos o instrumentos sectoriales con alcances netamente económicos como los planes mineros, sobre instrumentos de planificación del territorio.

- Todas las etapas de la minería no son inocuas al medio ambiente, el Estudio de Impacto Ambiental establece como prevenir, mitigar, corregir o compensar impactos ambientales negativos, pero esto no se exige en la fase de exploración minera, a pesar de que se ocasionan daños en los ecosistemas.

- El término “zonas excluibles” utilizado en el actual Código de Minas, permite que puedan ser intervenidas por la minería áreas de conservación local o regional, entre otras, aunque es necesario que las comunidades estén muy bien informadas, dado que bajo el “paraguas conceptual del conservacionismo” se impone la privatización y el negocio de nuestra biodiversidad.

- La actual reforma al Código de Minas permitirá congelar los territorios solicitados para minería, hasta por 11 años, permitiendo que se pueda dar todo un negocio especulativo de títulos mineros.

- Algunas administraciones Municipales de la región se han convertido en “ruedas de transmisión” de las pretensiones de estas compañías mineras al imponer a través de normas de ordenamiento del territorio, por ejemplo, la actividad minera.

- Aunque se viene implementando algunas acciones locales y regionales que denuncien estas situaciones e informen a las comunidades, es evidente que todo el marco jurídico actual está en favor de la explotación minera en el país, por encima incluso de la normatividad ambiental.

- Se hace necesario fortalecer más los tejidos sociales en las regiones y a nivel nacional que permita denunciar internacionalmente y hacer incidencia frente a la imposición de este nuevo orden geopolítico.

 


(1)Molano Barrero, Joaquín “Riquezas selváticas y lógicas de expropiación”, Censat Agua Viva

Publicado en Diciembre 03 de 2009| Compartir
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