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Publicación auspiciada por Swissaid

Contexto

Las políticas gubernamentales sobre incentivos forestales

Benjamín Castaño M.*, Octubre 14 de 2003, Este artículo ha sido consultado 9695 veces

En la zona, debido a la persistencia de los bosques, se ha llevado a cabo, tal vez, las explotación forestal más grande que en Colombia se haya hecho en los últimos 50 años, por lo que la madera parece ya incorporada al conciente colectivo como un producto de “pancoger”. Por sus connotaciones económicas, la madera genera muchos conflictos tanto intraétnicos como interétnicos en la comunidad.

En la zona, debido a la persistencia de los bosques, se ha llevado a cabo, tal vez, las explotación forestal más grande que en Colombia se haya hecho en los últimos 50 años, por lo que la madera parece ya incorporada al conciente colectivo como un producto de “pancoger”. Por sus connotaciones económicas, la madera genera muchos conflictos tanto intraétnicos como interétnicos en la comunidad.

A ésto hay que sumarle que la alternativa seleccionada para iniciar la propuesta de manejo territorial debía generar recursos económicos en un corto plazo, por las dificultades que atravesaba la población de las comunidades que habían sido desplazadas durante dos años de sus sitios habituales de vivienda y que estaban en su proceso de retorno. Estos factores quizá fueron los que pesaron más para que se identificara a los CIF por Reforestación como la mejor alternativa a ejecutar en los Territorios Colectivos.

Se estudiaron y discutieron los principales aspectos del CIF, donde tenían las comunidades grandes ventajas, pues la propiedad de la tierra, la principal limitación, ya estaba salvada y sólo restaba articular un proceso que permitiera a los miembros de las mismas conocer todo lo referente a la puesta en marcha del incentivo por parte de todos y lo que ello significaba. Los compromisos y deberes a corto, mediano y largo plazo, así como los beneficios que se obtendrían, permitieron consolidar una propuesta comunitaria, donde sólo faltaba que la Corporación realizara lo suyo en aras de poder acceder al Incentivo Forestal. En efecto, se poseía por cada Consejo Comunitario, una resolución emitida por el INCORA donde se reconocía la propiedad sobre los predios.

Las comunidades, con apoyo técnico, formularon sus solicitudes de acceso al CIF y de elegibilidad, sustentados en la Resolución del INCORA, en un Plan de Establecimiento y Manejo Forestal, y en una solicitud ante CODECHOCÓ para que visitara y certificara la calidad de la cobertura vegetal de los predios, lo que dio inicio al proceso de gestión de las comunidades para obtener el reconocimiento del CIF.

Este proceso continúo con la aprobación del proyecto por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural por intermedio de FINAGRO (Fondo de Financiamiento del Sector Agropecuario) entidad que administra los recursos para el CIF, en noviembre del año 1999 (Castaño, 1999). Este fue el segundo fruto cosechado por las comunidades del Bajo Atrato y de sus procesos organizativos. El proyecto de CIF por reforestación les reportó unos recursos monetarios del orden de 914 millones de pesos, repartidos en 554 para el primer año de establecimiento de las plantaciones y el resto en partidas anuales con un incremento del 16.45% durante los siguientes cuatro años por concepto de manejo de las plantaciones, que comprendían 863 hectáreas. Igualmente, se obtuvieron recursos adicionales a la reforestación, como el 20% del total reconocido por esta actividad para la conservación de algunos relictos del bosque (Castaño, 1999) en predios cercanos a los árboles, en total 172,8 hectáreas de bosque.

Mirando en total, la participación de la propuesta en el desarrollo de la planeación territorial de las comunidades beneficiarias, solamente estaría definiendo una opción de uso forestal con un Plan de establecimiento y Manejo Forestal (PEMF) sobre una porción de los territorios del orden de 1.4% sobre el total (Castaño, 1999) a partir de la implementación de los (CIF). Entonces, se hace necesario propender por el desarrollo e incorporación a los sistemas tradicionales de producción de esos otros predios colectivos y los recursos restantes, así como de otros proyectos productivos y alternativas, para que reditúen beneficios reales a la población y valoricen los bosques, de tal modo que cumplan con sus múltiples funciones.

Los Incentivos Forestales fueron solo una pequeña muestra de lo que se puede lograr por una comunidad y marcaron un hito para la historia de gestión de las comunidades étnicas y campesinas a nivel territorial, bajo el marco de la legislación colombiana, la cual no ha sido plenamente desarrollada ya que se mantiene de espaldas a la realidad y que en su momento, puede definir de alguna manera la vocación de uso de predios en los territorios. Es así como esta experiencia desarrollada por las comunidades de Riosucio, es la única que se ha gestionado y ejecutado por comunidad alguna, tanto en el ámbito regional como nacional.

Las entidades responsables de la gestión ambiental no han asumido su rol como extensionistas y su papel como órganos de apoyo de las comunidades ya que aún existe especulación y muchos vacíos de información en la aplicación de los programas en este tipo de comunidades. Como vemos, los incentivos y otros programas estatales, son ajenos a las comunidades, a pesar de ser escenarios propicios para buscar alternativas de manejo territorial de los bosques, de los ecosistemas y de los recursos naturales renovables y no renovables.

 

El camino de las comunidades; incidencia en la formulación de políticas

Se quiere que las comunidades adecuen propuestas de afuera para alimentar sus procesos hacia adentro y sobre todo, que asuman la planificación y ordenamiento del territorio con miras a su reapropiación y manejo, a la vez que desarrollan toda su capacidad y el potencial que representa contar con tanta riqueza natural para el bienestar y mantenimiento de las comunidades. Lo anterior se encuentra en los postulados de las políticas y programas gubernamentales sobre el manejo de los recursos territoriales, pero éstas deben ser reformuladas por las comunidades para que tengan aplicación real en el territorio.  Para ello, deben establecer canales de comunicación efectivos con las autoridades ambientales (Corporaciones y Ministerio de Ambiente) y organizaciones de apoyo como las ONG ambientalistas y de fomento del desarrollo, de manera que las acciones se adapten a las condiciones locales y a las particularidades de la cultura. 

Igualmente se deben definir prioridades y criterios para la identificación e implementación de posibles propuestas encaminadas a resolver problemas que estén afectando a las comunidades, tales como; la soberanía frente al territorio, la autonomía frente al uso y manejo de los recursos territoriales, la seguridad alimentaria de todos, y definición de estrategias de negociación y compensación por el uso sostenible y la conservación de los ecosistemas y la biodiversidad en el ámbito regional y zonal. Actualmente, con relación a los proyectos forestales, se tiene el desarrollo de la Ley 139 de 1994, el Decreto 1824 de 1994 y la Ley 101 de 1993 (Von Humboldt, 1999), además se cuenta con programas que desarrollan las Corporaciones dentro de su jurisdicción, tales como los incentivos por el manejo de bosques y para actividades de agroforestería.

Dentro del grupo de incentivos, por así decirlo, se destacan aquellos que muchas corporaciones asumen para propiciar la conservación de las masas forestales ya sean secundarias (rastrojos) o primarias; básicamente consisten en pagos parciales que se efectúan luego de cumplir ciertas practicas de manejo, como limpieza y liberación de los árboles de especies indeseables (lianas, bejucos, parásitas en general). Pero estos incentivos dependen de los fondos asignados por las Corporaciones y de la capacidad que éstas tengan para gestionar y arbitrar recursos para ello.

En Colombia, existen dos tipos de Corporaciones, las Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, denominadas de Régimen ordinario o de especial, respectivamente. Diferencia que se observa y refleja en la cantidad de recursos monetarios para adelantar la gestión ambiental en su jurisdicción, es decir las CAR de régimen ordinario, poseen más recursos porque se alimentan de regalías que dejan la construcción de represas, oleoductos, carreteras, tasas por uso de agua, impuestos ambientales que recogen en los centros poblados que poseen, etc. mientras las de régimen especial, se hallan en zonas de poco desarrollo de infraestructura y dependen de las asignaciones que les otorga el Ministerio de Ambiente y el DNP, lo que representa recursos muy bajos para la inversión y de otro lado, poseen bajos niveles para la búsqueda y gestión de recursos adicionales. Sin embargo son exiguos los recursos que se asignan para la protección de bosques, por lo que se requiere que éstos aumenten y también en su cubrimiento a grandes extensiones de bosques.

Dentro de la Ley 139 de 1994 surgió el Decreto 900 de 1996 que establece el CIF por conservación, pero éste no ha contado con recursos para su funcionamiento. Es por lo que se debe luchar para que se reformule y se pueda acceder a él, principalmente por las comunidades indígenas, negras y campesinas que poseen las mayores extensiones de bosques del país.

En igual sentido, las Corporaciones Autónomas y de Desarrollo Sostenible mantienen ciertos incentivos en materia de seguridad alimentaria, que en términos de inversión dependen de la capacidad de las Corporaciones y de la importancia que éstas den a los programas de seguridad alimentaria. Podemos citar un ejemplo, mientras en las Corporaciones de Desarrollo Sostenible del Atrato Medio (Corpourabá y Codechocó) se reconoce un incentivo aproximado de entre 250.000 a 300.000 pesos por hectárea en sus programas, la CVC (Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca) para el año 2001 dentro del programa de agroforestería regional reconoció por hectárea (parcela) la suma de 1´156.000 pesos equivalentes al 81% de los aportes, el otro 19% restante ($ 78.375) se asumió en especie por los beneficiarios, lo que muestra una diferencia abismal entre estas instituciones.

Adicionalmente, el concepto de seguridad y soberanía alimentaria que generalmente se reduce a la parcela agroforestal como unidad básica está encaminado al aumento en la producción y la diversificación de los sistemas agrícolas, en una pequeña unidad de área (0,5 a 1 hectárea). Pero en términos prácticos son pocas las unidades de producción tradicional que cumplen con los objetivos que se plantean mediante la estrategia de la parcela, para el caso de la región del Pacífico generalmente se reducen a la producción de plátano, borojó y chontaduro, presentando una cantidad de problemas fitosanitarios y de manejo que reducen notoriamente la productividad. No se tienen en cuenta los conocimientos que sobre producción y manejo en los espacios selváticos han desarrollado las comunidades locales, a través de siglos de adaptación al ambiente y a su entorno. Se trata el tema de las parcelas agroforestales como una abstracción del bosque, donde el sistema tradicional valida su compatibilidad mediante la utilización de la agricultura migratoria y la apertura de claros que son regenerados por el bosque y donde se aprovechan las características del mismo para la producción agrícola (pancoger, frutales, maderables, etc.) y de materia prima.

Precisamente, la falta de enfoque comunitario con que es abordada la seguridad alimentaria por parte de las Corporaciones puede estar mermando la capacidad productiva y generando la pérdida de costumbres, de material genético, de métodos y prácticas de producción tradicional agrícolas y forestales dentro de las culturas que habitan los bosques del país. Además de contribuir a la degradación del medio ambiente.

Entre algunos programas regionales de agroforestería se percibe esa tendencia hacia la concepción de arreglos y combinaciones foráneos, sistemas de manejo muy técnicos, intensivos en términos de mano de obra e insumos para el control de plagas y enfermedades mediante el uso de agroquímicos altamente tóxicos. El programa de agroforestería de la CVC (2001) por hectárea invierte en insumos, como abono (gallinaza) y el control fitosanitario (venenos), la cantidad de 272.750 pesos que frente al 1´156.000 total representa el 23.6%.

Este costo se vuelve muy alto, cuando causa dependencia a las comunidades al desembolso de recursos económicos de forma periódica, sin que ello represente mejoras sustanciales en prácticas culturales, métodos, arreglos, combinaciones agroforestales y mucho menos en el aumento en la productividad y su diversificación. La gente se concentra más en el dinero que va a percibir que en lo que realidad es importante, asegurar y diversificar la alimentación. La asignación de los recursos también genera desconfianzas y conflictos dentro de las comunidades, ya que a veces la Corporación toma la iniciativa de disponer de los recursos y nombrar a los beneficiarios saltando las autoridades tradicionales y el poder de decisión al interior de éstas.

Por su parte, el Gobierno Nacional a través del Instituto de Investigación de Recursos Biológicos Alexander Von Humboldt, desde el año de 1998 viene trabajando en la identificación de una serie de “incentivos para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad” y su aplicación. Proceso donde se han establecido algunos acuerdos importantes en esta materia, que necesariamente involucra a las comunidades y sus bosques. Al parecer ya se ha avanzado en la definición de algunos incentivos entre comunidades y algunos gremios que buscan regular la pesca de tortugas y su consumo en la Guajira (Hernández, com. person.) y se buscan otros. Lo que demuestra, que se pueden construir escenarios de negociación entre los sectores involucrados en cierta problemática especial y que el país está avanzando en la posibilidad de establecer mecanismos de compensación y reglamentación de sus diversos recursos por la vía de los incentivos.

 

La visión compartida de los bosques; una mirada política desde las comunidades

Vemos entonces, cómo se reafirma la necesidad de que las comunidades asuman con seriedad los procesos organizativos y el papel dentro de la construcción de las políticas y su puesta en marcha, ya que entre ellas se pueden encontrar elementos y estrategias para el manejo territorial y de los recursos naturales, como las que se han descrito en este artículo. Se insiste en que se debe empezar un proceso hacia adentro de las propias comunidades, que busque encontrar consenso entre los miembros y entre ellas sobre la aplicación, los mecanismos y las herramientas con que cuentan las comunidades en el marco de las políticas, así como sobre las oportunidades y perspectivas que se generen con su acceso.

Es indudable, que los temas que más convocan la atención de las comunidades y del público nacional e internacional, se resumen alrededor de los ecosistemas, bosques y recursos naturales, dadas las posibilidades de generar grandes capitales mediante la apertura y la globalización de la economía; ya sea para la búsqueda de nuevos usos de la biodiversidad con el propósito de desarrollar productos potenciales con altos valores en el mercado (industria farmacéutica, cosmética, esencias, etc.), para la explotación de un recurso en particular (madera, petróleo, oro, etc.), para el establecimiento de monocultivos (palma africana, ilícitos, etc.), zonas de pastoreo, o para el desarrollo de obras de infraestructura requeridas para adelantar procesos de integración regional e internacional (viales, puertos, ferrocarriles, canales, etc.). Es por lo anterior que las comunidades locales ubicadas en las áreas de mayor riqueza biológica, son las más amenazadas y las que van a ser mayormente afectadas (Documento CONPES 2834, 1996).

Por esto es que resulta indispensable que las comunidades piensen en los procesos de planeación y ordenamiento territorial y en la construcción de políticas que incorporen su visión de uso sostenible de los recursos, los ecosistemas y los bosques. Esto puede traducirse en ventajas comparativas para el desarrollo comunitario en vista de que estos bienes territoriales han adquirido mayor valor a nivel mundial, por lo que pueden ser un factor de negociación clave para la interlocución con el Estado y sus instancias, como son las Corporaciones y la Unidad de Parques.

 

Bibliografía

-                   Certificados de Incentivo Forestal. 1999. Serie: Ordenamiento Territorial.

Fundación Espavé. Medellín.  48 pp.

-                   Incentivos para la Conservación y uso sostenible de la biodiversidad. 2000.

Instituto de Investigación Biológica Alexander Von Humboldt. Bogotá. 105pp.

-                   Capacitación para el Desarrollo de proyectos agroforestales don los

consejos comunitarios de la Costa Pacífica Vallecaucana. 2001.  CVC. 

Orden de Trabajo. Buenaventura.

-                   Decreto 1745 de octubre del 1995.  1995.  Revista Esteros.

           Fundación Swissaid Colombia. Medellín. 40 pp

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* Benjamín Castaño M. Ingeniero Forestal

Programa T.D.G.  Swissaid Colombia

Publicado en Octubre 14 de 2003| Compartir
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