CORPORACIÓN
GRUPO
Ticunas, Cocamas y Yaguas
El resguardo Ticuna, Cocama y Yagua de los municipios de Puerto Nariño y Leticia se localiza al sur del Departamento del Amazonas, en el extremo occidental de la base del Trapecio Amazónico, frontera con Perú. El territorio del resguardo abarca una extensión de 86.871 hectáreas, 6.500 metros cuadrados, de los cuales el 50% corresponden a zonas inundables. Los 4.300 indígenas del municipio resguardo de Puerto Nariño representan el 90% del total de la población, y están asentados en su mayor parte en el área rural en 21 comunidades, mientras que los no indígenas se encuentran en el casco urbano del municipio.
El resguardo Ticuna, Cocama y Yagua de los municipios de Puerto Nariño y Leticia se localiza al sur del Departamento del Amazonas, en el extremo occidental de la base del Trapecio Amazónico, frontera con Perú. El territorio del resguardo abarca una extensión de 86.871 hectáreas, 6.500 metros cuadrados, de los cuales el 50% corresponden a zonas inundables. Los 4.300 indígenas del municipio resguardo de Puerto Nariño representan el 90% del total de la población, y están asentados en su mayor parte en el área rural en 21 comunidades, mientras que los no indígenas se encuentran en el casco urbano del municipio.
Las comunidades indígenas se encuentran asentadas en las riberas de los ríos Amazonas, Amacayacu, Loretoyacu, Bohiabuazú y Atacuari. Sobre el río Atacuari están los asentamientos Cocama, mientras que los Yagua están principalmente en el río Amazonas, concentrados en su mayoría en la comunidad 20 de Julio; por su parte, los Ticuna espacialmente están dispersos a lo largo de todo el territorio. En la actualidad cada comunidad ha adoptado organizativamente el sistema de cabildos, con la figura del Curaca como principal autoridad local; a su vez, las 21 comunidades se han organizado alrededor del Cabildo Mayor como máxima instancia administrativa y de autoridad en el territorio.
La población indígena de Puerto Nariño dio un importante salto organizativo a partir de su participación en la formulación del plan de desarrollo municipal 1998 - 2000. El acompañamiento que hicieron algunos líderes de las comunidades al equipo de profesionales contratado por el Fondo DRI (Desarrollo Rural Integrado) permitió aclarar la necesidad de avanzar en un proceso autónomo de reflexión y análisis interno acerca del futuro de los pueblos indígenas Ticuna, Cocama y Yagua de Puerto Nariño. La Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC- jugó un papel decisivo en la ordenación de la propuesta técnica y metodológica para abordar el proceso dentro del concepto de “Plan de Vida”, como alternativa para avanzar en el autodiagnóstico y la toma de decisiones propias, partiendo del pensamiento indígena. De esta manera los pueblos indígenas Ticuna, Cocama y Yagua se lanzan a abrir el camino que les lleve a aclarar lo que desean para vivir mejor en el mundo de hoy, sin olvidar su identidad, su cultura y su saber propio.
La primera tarea que asumió el grupo de líderes que inició el proceso consistió en aclarar que el Plan de Vida se abordaría desde la visión propia de desarrollo, ejercicio que a su vez implicaba avanzar en definir el pensamiento del indígena de hoy, y así poder encontrar el eje conductor que sirviera como marco de referencia para estudiar las alternativas de solución a los problemas que se identificaran a lo largo del proceso. De esta forma se llegó a establecer el territorio como punto de encuentro de estas tres culturas y el referente común que unifica los intereses de las comunidades, a pesar de las diferencias étnicas.
Los miembros del Cabildo Mayor, líderes de algunas comunidades y gente del casco urbano se reunieron con el objetivo de estudiar el diagnóstico municipal levantado para el plan de desarrollo, complementar la información de acuerdo a los requerimientos de las comunidades y ajustarla al “Plan de Vida”. Se organizó la información en siete ejes temáticos (Control de territorio, jurisdicción especial indígena, educación propia, salud indígena, sistemas indígenas de producción, administración de recursos y juventud) y se elaboró una guía de trabajo para ser desarrollada en el primer encuentro masivo de líderes, autoridades y comuneros del resguardo indígena Ticuna, Cocama y Yagua.
Para este encuentro se invitó a participar a siete miembros de cada comunidad, uno por cada eje temático, quienes conformarían a su vez los equipos comunitarios. Estos participantes de las comunidades se caracterizaron por ser gente con experiencia, conocimientos, interés y, sobre todo, por ser personas que desearon participar como facilitadores y catalizadores de la reflexión interna para la formulación del “plan de vida”. Al evento asistieron más de 200 indígenas de todas las comunidades, quienes se reunieron durante cinco días a debatir sobre su propia problemática e identificar alternativas prácticas de solución para que los equipos comunitarios las llevaran a consulta a sus respectivas comunidades. Este encuentro marcó un momento histórico para los indígenas de esta parte del Amazonas, pues fue la primera vez que se hacía una reunión donde acudían representantes de todas las comunidades a pensar en su supervivencia como pueblos con identidad.
En el encuentro se visualizaron las medidas a adoptarse para la solución de problemáticas ordenadas en los siete ejes temáticos, así en cada comunidad el equipo comunitario se encargó de informar los resultados alcanzados en el encuentro y generar el debate acerca de la pertinencia de las medidas, los ajustes a que se deberían someter y los aspectos adicionales que tendrían que tenerse en cuenta para asegurar el control interno sobre cada uno de los temas. Cada equipo se encargó de propiciar, recoger y ordenar los análisis de las reuniones. Estos equipos comunitarios se apoyaron mediante visitas de una brigada técnica asesora y de los miembros del Cabildo Mayor.
El territorio indígena se zonificó en tres partes, teniendo en cuenta sus características ambientales, de comunicación, y de unidad cultural. Esta zonificación permitió programar reuniones, analizar las definiciones alcanzadas en el nivel comunitario y cualificar las propuestas de solución y las acciones estratégicas a definirse en una Asamblea General de los Pueblos Ticuna, Cocama y Yagua de Puerto Nariño.
Las comunidades indígenas decidieron institucionalizar la Asamblea WONE como su máxima instancia de decisión, en donde se reunirían autoridades, líderes indígenas y algunos miembros de las comunidades. En este espacio se debatieron las conclusiones comunitarias, por cada eje temático, y en plenaria se decidieron posiciones unificadas frente a la problemática identificada, se definieron estrategias de acción, se estructuró el sistema organizativo de acuerdo al nuevo derrotero y se pasó a elegir a los nuevos miembros del Cabildo Mayor.
La población indígena Ticuna, Cocama y Yagua de Puerto Nariño determinó, en la asamblea WONE, que el territorio sobre el cual administraría jurisdicción el Cabildo Mayor sería sobre las tierras del resguardo y desde sus límites hacia el norte hasta donde se encuentre con el resguardo Ticuna, Cuenca del río Cotuhe y río Putumayo, territorio considerado como baldío. Sobre esta franja de terreno se hizo nuevamente una solicitud de ampliación en 1999 al INCORA, sin que hasta la fecha haya sido atendida, a pesar de no requerirse compra de mejoras. Este territorio toma especial importancia para los indígenas tanto por su carácter cultural por encontrarse vestigios de asentamientos recientes de los abuelos de los pobladores actuales, como por los intereses para la explotación de los recursos madereros de la región.
La explotación maderera incontrolada es una práctica cotidiana para muchos de los pobladores de la zona, indígenas y no indígenas; la evasión de procedimientos legales, la invisibilidad del carácter legal de los territorios indígenas, la negación de las autoridades indígenas y la falta de control institucional, se constituyen en la norma general que ampara la deforestación de los bosques de la amazonia. Adicionalmente, los permisos otorgados por Corpoamazonia han servido para que algunos madereros “legalicen” el contrabando de madera al vecino país Perú, aprovechando su cercanía a la frontera y las pobres medidas de control de las autoridades ambientales y de policía.
Sin embargo, las asociaciones de madereros de Leticia y Puerto Nariño, así como un gran número de personas naturales, han cursado solicitudes ante Corpoamazonia para el aprovechamiento comercial del recurso forestal de esta parte del territorio indígena, sin que esta entidad tenga en cuenta la participación del Cabildo Mayor, aduciendo que el carácter de baldío del territorio no les permite tener injerencia sobre estas decisiones, y sobre la base de negar el carácter inembargable, imprescriptible e inalienable de las tierras comunales de los grupos étnicos (Art. 63, Constitución Política.). Ante esta falta de control, los pueblos indígenas decidieron asumir el papel práctico de protectores de su territorio y de los recursos naturales que allí se encuentran, como producto de un proceso de reflexión y análisis de esta situación.
La asamblea WONE estudió el caso y pasó a decidir un procedimiento propio para el control del aprovechamiento forestal; solicitó claridad sobre los permisos de aprovechamiento forestal vigentes y expedidos por Corpoamazonia para el territorio Ticuna, Cocama y Yagua de Puerto Nariño, y pidió detener todo trámite para aprovechamiento forestal mientras no se aclarara la participación de las autoridades indígenas en la toma de decisiones.
Entonces, las autoridades indígenas decidieron entrar a controlar directamente la explotación maderera. Las comunidades, los equipos comunitarios de trabajo y las autoridades indígenas acordaron que no se movilizaría madera sin que se portaran los documentos exigidos por Corpoamazonia y decidieron implementar un procedimiento interno para el corte y transporte de madera dentro de la jurisdicción del Cabildo Mayor. Se ubicó, por parte de los indígenas, un puesto de control en la comunidad de San Martín de Amacayacu, donde se han adelantado varios decomisos de madera, algunos por falta de documentos y otros por que los permisos no corresponden a la cantidad o a la calidad de la madera movilizada. Inmediatamente reaccionaron las Asociaciones de Madereros de Leticia y de Puerto Nariño y realizaron una reunión en Leticia con las autoridades civiles y militares donde señalaron al Cabildo Mayor y a su política de control maderero como un factor de desestabilización del orden público en la región. En aquel momento se programó una reunión en San Martín de Amacayacu para que las instituciones ambientales, gobernación, alcaldías, Policía, Ejército, DAS y personeros municipales aclararan el proceder del Cabildo Mayor.
Los indígenas por su parte invitaron a participar a una comisión de la Procuraduría Delegada para Asuntos Étnicos. En este evento los indígenas lograron demostrar que mientras las instituciones ambientales no cuenten con los recursos físicos, financieros y la voluntad política, no será posible que renuncien a su derecho de proteger los recursos que existen dentro de su territorio. Se levantó un acuerdo de cooperación para que las comunidades, a través del Cabildo Mayor y en coordinación con Corpoamazonia adelanten acciones conjuntas orientadas a la protección de los recursos forestales del territorio indígena de Puerto Nariño. Para su desarrollo se programaron dos encuentros entre la Corporación y el Cabildo Mayor, pero no se logró ningún avance significativo.
Unos meses más tarde, Corpoamazonia adoptó como posición oficial desconocer los procedimientos e injerencias de las comunidades indígenas en el tema, lo que inició un cruce de interpretaciones jurídicas que no ha resultado hasta la fecha en ningún reconocimiento oficial a las acciones emprendidas por los Ticuna, Cocama y Yagua en el control de los recursos naturales de su territorio. Los trámites de terceros para aprovechar los recursos forestales continúan. Así se marcó el comienzo de una disputa de jurisdicción de la zona entre la institucionalidad del Estado y la de los pueblos indígenas. Por una parte los indígenas reclaman la potestad para decidir sobre el recurso forestal que se encuentra en su territorio, mientras que Corpoamazonia y el Parque Nacional Natural Amacayacu defienden su papel como máximas autoridades ambientales en la zona, determinado por el sistema jurídico nacional, pero con el desconocimiento de sus falencias para el control. “Ni rajan ni prestan el hacha”, diría un maderero.
Por su parte, los indígenas han continuado aplicando sus procedimientos mientras el Estado propicia unilateralmente estudios de ordenamiento forestal para esta zona con el fin, entre otros, de hacer un aprovechamiento del bosque “sostenible y sin indígenas”.
Los decomisos de madera adelantados por el Cabildo Mayor y las comunidades nunca contaron con el apoyo de las instituciones ambientales del Estado. Incluso, una comisión de la fiscalía departamental se presentó con la “orden” expresa de llevarse a Leticia la madera incautada por los indígenas. Esta madera se encontraba en dos lotes, uno en Puerto Nariño y otro en la comunidad de San Martín. El fiscal, con la colaboración de la Policía y el Ejército, logró llevarse la madera que se encontraba en el casco urbano al amedrentar a la comunidad y a las autoridades indígenas que pedían explicaciones por esta actuación sin que nadie respondiera procedimentalmente ni jurídicamente de manera oficial. Ante esta situación y al anuncio de llevarse también la madera que se encontraba en la comunidad de San Martín de Amacayacu, el Cabildo Mayor se dirigió a la comunidad para ponerla sobre aviso. La comunidad rápidamente se reunió y tomó la decisión de no dejar llevar la madera debido a que hasta ese momento nadie, incluido el fiscal regional, había presentado los documentos que permitieran su movilización y atendiendo que la máxima autoridad en este territorio es la indígena. De manera que cuando llegó la fiscalía de departamental se le ratificó la decisión adoptada por los indígenas, ante lo cual la delegación, acompañada por DAS y Policía, mostró su total inconformidad e indicó que podría arrestar a quien estuviera en contra de la orden de llevarse la madera; inmediatamente la comunidad en pleno se puso a disposición de la comisión y les hizo saber que, si era necesario, toda la comunidad se iría detenida para evitar la movilización de la madera. Así lo harían, porque no había ningún indígena que no tuviera la misma posición. Ante tal contundencia y decisión de la comunidad y del Cabildo Mayor, la comisión no tuvo más remedio que retirarse “con la cola entre las patas”. Una semana más tarde, este fiscal fue destituido fulminantemente del cargo por extralimitación de funciones.
La madera incautada por el puesto de control de San Martín de Amacayacu demostró que los puestos de control del Parque Amacayacu, y de la Policía sobre el río Amazonas no cumplen sus funciones y que en diferentes oportunidades se supo de importantes lotes de madera que se movilizaron sin documentos y sin que ninguna autoridad ambiental ni de policía se percatara de ello.
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