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La lucha por las semillas libres de los pueblos Latinoamericanos: Experiencias de Brasil, Ecuador, Colombia, Honduras y Guatemala

/ Diciembre 09 de 2016 / Este artículo ha sido consultado 10166 veces

Desde épocas ancestrales, las poblaciones humanas y, en especial, las mujeres, dieron origen y dinamismo a la agricultura domesticando, mejorando y adaptando una gran diversidad de cultivos y animales a sus diferentes condiciones ambientales y tecnológicas, y a sus requerimientos culturales y socioeconómicos. Las civilizaciones y los pueblos­ de América Latina desarrollaron innumerables variedades nativas de maíz, frijol, papa, yuca, tomate, frutales y otros cultivos que, aún hoy, sustentan la alimentación global y son conservados y utilizados por las comunidades indígenas, afro descendientes y campesinas para su propia alimentación y la preservación de sus culturas.

 

Como en el resto del sur global, las semillas constituyen un don o bien sagrado, razón por la cual son consideradas patrimonio colectivo de los pueblos. En ese sentido, han circulado libremente entre la población rural latinoamericana garantizando su soberanía y autonomía alimentaria frente a las diversas crisis globales. Para ello, la población rural latinoamericana ha ejercido derechos colectivos de uso, manejo, inter-cambio y control local de sus semillas, y considera que estos derechos tienen carácter inalienable e imprescriptible[2]. La amplia variedad de semillas criollas, especialmente hoy en día, es necesaria para enfrentar los cambios climáticos y el fracaso de la agricultura agroindustrial, que pretende, con ánimo de lucro, la homogeneización e imposición de un número limitado de simientes.

No obstante, con el avance desde la década de los noventa del régimen y sistema agroalimentario neoliberal, los alimentos han dejado de ser un derecho fundamental para la vida y se han convertido en una mercancía monopolizada por empresas transnacionales. Por ejemplo, hacia el año 2008, diez empresas concentraban el 67% del mercado de semillas en Ecuador, de las cuales Monsanto, DuPont y Syngenta controlaban el 47% del mismo bajo el paraguas de CropLife Ecuador[3], en convenio con Agrocalidad[4].

La monopolización del sistema agroalimentario por empresas transnacionales y gobiernos nacionales conlleva afectaciones profundas sobre los pueblos. A pesar de ser responsables de gran parte de la producción de alimentos y, por tanto, ser actores claves para garantizar nuestra soberanía alimentaria, las y los pequeños productores rurales cuentan con unas condiciones de producción y de vida injustas y precarias. En Brasil, por ejemplo, pese a que la agricultura de base campesina y tradicional ocupa menos del 20% del territorio nacional, es responsable de la producción del 70% de los alimentos consumidos en el país[5] .

Los cultivos y alimentos transgénicos

A pesar de los fuertes cuestionamientos por los impactos ambientales, socioeconómicos y sobre la salud humana y animal[6], en las últimas décadas las semillas transgénicas se han expandido de manera diversa en nuestro continente. Encontramos países como Ecuador que prohíben los transgénicos; otros donde están confinados para investigación pero prohibidos para siembra comercial, como Guatemala; países que tienen un área sembrada para la comercialización reducida –a escala global, lo cual no disminuye su amenaza–, como Colombia y Honduras; y países como Brasil –y en general el Cono Sur–, que en 2014 fue el segundo mayor productor de cultivos transgénicos del mundo después de Estados Unidos[7].

En el caso ecuatoriano, desafortunadamente, las prohibiciones legales a los transgénicos no han impedido su expansión. En efecto, el Proyecto Nacional de Se-millas de Alto Rendimiento busca incrementar la productividad en los cultivos de 90.000 pequeños y medianos productores mediante paquetes tecnológicos que incluirán semillas transgénicas de soya y canola[8].

En Colombia, la expansión –inicialmente pronunciada– de los cultivos transgénicos ha sufrido fuertes reveses porque no han resultado económicamente viables para los agricultores y agricultoras que los han sembrado. Esto ocurrió con el algodón genéticamente modificado (GM), aprobado en 2002 por el Instituto Colombiano Agropecuario (ICA), cuya área de siembra disminuyó en un 40% en los últimos tres años. Para el caso del maíz GM, aprobado en 2008, se han generado impactos negativos de tipo ambiental, socioeconómico y sobre la biodiversidad que han llevado al fracaso a muchos agricultores y agricultoras.

 

 

Cabe recordar que el desarrollo de la biotecnología en semillas por compañías como Monsanto, DuPont, Syngenta y Bayer ha implicado para las comunidades el despojo de estos bienes comunes. Profundizando la tendencia establecida desde la Revolución Verde[9], el desarrollo de semillas transgénicas incluye su modificación para que pierdan sus características reproductivas, la generación de dependencia de los cultivos respecto de agrotóxicos como el glifosato, y la solicitud y constitución de patentes “biológicas” sobre las semillas transformadas. Por tanto, las y los agricultores se vuelven dependientes no solamente del mercado, al que deben acudir después de cada cosecha para renovar sus reservas de semillas, sino también de los paquetes tecnológicos a los que vienen amarradas las semillas transgénicas y que son producidos por las mismas compañías de biotecnología[10].

De otra parte, las normas de bioseguridad sobre organismos genéticamente modificados (OGM) adoptadas por los países de la región son inadecuadas porque se reducen a afinar los formalismos legales para la aprobación y comercialización de OGM, en vez de evaluar de manera integral los riesgos socioeconómicos, culturales y ambientales, incluidas la contaminación genética de las variedades criollas y las afectaciones a la salud humana y animal. Asimismo, privilegian la equivalencia substancial sobre el principio de precaución y se basan en un inexistente consenso científico sobre la inocuidad de los transgénicos. Por ejemplo, en Brasil fue aprobada la Ley de Bioseguridad (Ley 11.105/2005) a pesar de que fueron presentados más de 750 estudios sobre los riesgos y las incertidumbres de las tecnologías transgénicas[11].

Igualmente, las políticas rurales adversas y los tratados de libre comercio (TLC) de las dos últimas décadas han llevado a la reducción de la producción ag-rícola nacional y a la importación masiva de alimentos, especialmente de maíz y de soya transgénica, sin ningún control de los impactos que pueden generar en la salud humana y animal, en las variedades criollas y en los ecosistemas.

 

 

El sistema de la UPOV y los derechos de propiedad intelectual

Las transnacionales han logrado la privatización y el control monopólico del sistema de semillas mediante la aplicación de patentes y derechos de obtentores vegetales, otorgados por el Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales (por el que se creó la Unión Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales o UPOV)[12] y las normas que controlan la producción y comercialización de semillas. Estas leyes buscan que las variedades nativas y criollas no puedan circular libremente, reduciendo drásticamente la diversidad genética y la circulación tradi-cional de las semillas, lo cual tiene grandes impactos también sobre la diversidad alimentaria y la realización del derecho humano a una alimentación y nutrición adecuadas. Aún más grave, estas normas parten de la mercantilización de la vida y, por tanto, son ajenas a los sistemas jurídicos maya q’eqchi’ en Guatemala y a otros sistemas ancestrales de los pueblos indígenas latinoamericanos.

Actualmente, existe una gran presión desde los países industrializados para que los países del Sur se adhieran al Convenio Internacional para la Protección de las Obtenciones Vegetales de 1991, el cual es más restrictivo que la versión de 1978, al no reconocer el derecho del agricultor a resembrar de su propia cosecha y al criminalizar, mediante multas, destrucción de semillas y cárcel, a aquellos y aquellas que violen los derechos de propiedad intelectual de las empresas[13]. Como aún son pocos los que se han adherido, se ha obligado a algunos países a aprobar este convenio a través de los tratados de “libre” comercio[14] y a implementarlo en sus legislaciones nacionales a través de las llamadas “leyes Monsanto”, lo cual ha generado amplias resistencias, especialmente en las organizaciones del campo.

En Colombia, la movilización popular agraria en los paros de 2012 y 2013 exigió la derogación de estas nuevas normativas. Igualmente, en 2012 la Corte Constitucional declaró la Ley 1.518 inexequible por falta de consulta de previa con los pueblos étnicos señalando, además, que este convenio los afecta directamente en lo relacionado con el conocimiento tradicional, la soberanía alimentaria, la autonomía y la cultura[15]. No obstante, este fallo ha sido desatendido por el Estado colombiano, que sigue expidiendo legislación como la Resolución 3.168 del Instituto Colombiano Agropecuario, que criminaliza la conservación y la comercialización de semillas sin el permiso del obtentor[16]. En el caso de Guatemala, gracias a la presión popular se logró la derogación en 2014 de la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales, lo que no significa que se haya frenado la introducción de transgénicos[17].

En países como Brasil y Ecuador, que no han firmado TLC, los Gobiernos han tenido hasta ahora menor capacidad política y legal, así como mayor resistencia popular, a adoptar las disposiciones del Convenio de la UPOV de 1991[18]. No obstante, en Brasil hay iniciativas legales importantes para revertir estos avances, como el proyecto de ley 827/2015, que amplía las restricciones al libre uso de las semillas por los y las agricultoras y, por tanto, reduce las excepciones a su aplicación para las y los campe­ sinos y pueblos y comunidades tradicionales, en consonancia con el Convenio de la UPOV de 1991.

De otra parte, es importante señalar que el Convenio sobre Diversidad Biológica de las Naciones Unidas establece disposiciones encaminadas a la conservación y a la distribución de los beneficios que se deriven de la utilización de los recursos genéticos y la transferencia de tecnología. Sin embargo, las negociaciones a desarrollar entre los Estados o entre el Estado y las transnacionales interesadas en el acceso a los recursos bioculturales de los pueblos indígenas se definen en el marco de la economía capitalista estableciendo tasas de acceso por muestra recolectada y tasas de licencia de comercialización, así como pagos de regalías y propiedad con-junta de los derechos de propiedad intelectual. Estos contratos y pagos son injustos en la mayoría de las veces; no garantizan una adecuada protección de los sistemas de interrelación colectiva de los pueblos indígenas con la naturaleza; se basan en la exclusión directa de los pueblos indígenas y, en especial, de las mujeres; promueven el uso de organismos genéticamente modificados; equiparan los proyectos extractivistas a alternativas de sostenibilidad; y generan nuevas estrategias de saqueo de las especies nativas de la región.

Programas de desarrollo rural y ayuda alimentaria

Otra grave amenaza para la soberanía alimentaria y, específicamente, para los derechos de campesinos y campesinas, afros e indígenas al manejo tradicional de sus semillas, es la promoción estatal y privada del uso de semillas “mejoradas”, incluidos los transgénicos, como parte de los paquetes tecnológicos de desarrollo rural y de seguridad alimentaria.

Estos programas contribuyen a la contaminación genética de las semillas cri-ollas y no reconocen que la ayuda alimentaria debe destinarse solamente a casos de real emergencia, en vez de convertirse en políticas dirigidas a socavar la soberanía alimentaria de países y comunidades mediante la importación de superávits alimentarios sin costo o a bajos precios (dumping), que destruyen las economías agrarias locales y regionales. Al respecto, las organizaciones sociales en América Latina de-mandan que los programas de ayuda alimentaria no contengan transgénicos, ya que lo que se necesita es proveer una alimentación culturalmente adecuada respetando el derecho a conocer qué tipo de alimentos se están consumiendo.

 

 

En Honduras, con las reformas neoliberales de finales de los años 80 y de la década de los 90, desaparecieron los programas de mejoramiento de semillas y se dejó esta actividad estratégica a la iniciativa privada nacional e internacional. Actualmente, el proyecto gubernamental Sembremos país con más maíz visión 20-20[19], apoyado por Monsanto, Syngenta, Bayer y Denace, tiene como meta cultivar 100.000 hectáreas de maíz transgénico para “resolver” el déficit crónico de producción de unos 12 millones de quintales anuales[20].

En Guatemala también se ha documentado el uso de transgénicos en programas de ayuda alimentaria. En el municipio de San Mateo Ixtatán, perteneciente al departamento de Huehuetenango, donde el índice oficial de desnutrición es del 72%, el estado guatemalteco, a través de la empresa privada Alimentos S.A., distribuyó en 2002 el producto Vitacereal como parte de la Estrategia Nacional para la Prevención de la Desnutrición Crónica. A raíz de las denuncias de la comunidad, el Consejo de Desarrollo llevó a cabo análisis que dieron como resultado cinco variedades de maíz y tres de soya, todas transgénicas[21].

En Colombia, de acuerdo con un estudio realizado en 2002 por la organización Consumidores Colombianos (COCO), alimentos basados en soya transgénica de EE.UU., en particular el suplemento alimenticio Bienestarina, fueron distribuidos por el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar[22]. El Gobierno colombiano adquirió o recibió dicha soya transgénica en el marco de la ayuda alimentaria.

 

 

Laura Gutiérrez Escobar y Germán Vélez[23]

 


[1] Para obtener más información sobre el papel de las mujeres como guardianas de las semillas, en el caso de África, ver el artículo La soberanía alimentaria en África: valorar a las mujeres y las semillas que producen.

[2] Ver también el artículo Las semillas y la biodiversidad agrícola: el pilar ignorado del derecho a la alimentación y a la nutrición, en esta edición del Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición.

[3] CropLife Ecuador representa a las empresas transnacionales de investigación y desarrollo de productos agroquímicos, de biotecnología agrícola y semillas.

[4] Jara, Carlos. Matriz productiva, soberanía alimentaria y buen vivir rural. Presentación realizada en el foro Cambiamanos para el debate las economías campesinas, la nueva matriz productiva y la soberanía alimentaria. Guayaquil (Ecuador). Octubre de 2013.

[5] Instituto Brasileño de Geografía Estadística (IBGE). Censo Agropecuário: Agricultura Familiar – Primeiros Resultados. Río de Janeiro. 2006. www.mma.gov.br/estruturas/sds_dads_ agroextra/_arquivos/familia_censoagro2006_65. pdf.

[6] Existen numerosos estudios críticos sobre los transgénicos de la Union of Concerned Scientists en Estados Unidos y otros efectuados por científicos como Andrés Carrasco o Elizabeth Bravo, asociados a la Red por una América Latina Libre de Transgénicos. Ver: re.indiaenvironmentportal.org.in/files/file/ Scientific_Papers_Compiled_March_2013_coalition-for-a-gm-free-india.pdf.

[7] Según Agrobio, en 2014 se sembraron en cultivos transgénicos en Colombia 100.000 hectáreas entre maíz y algodón; en Brasil 42,2 millones de hectáreas, en su mayoría de soya, pero también de maíz y algodón; y en Honduras menos de 50.000 hectáreas de maíz. www.agrobiomexico.org.mx/images/images/MAPA%20ISAAA%202014.JPG.

[8] Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP). El Sector Agropecuario Acuícola y Pesquero en el Cambio de la Matriz Productiva. Quito. 2013.

[9] La Revolución Verde tuvo como fundamento la producción de semillas híbridas que se caracterizan por su gran dependencia de insumos químicos, la pérdida parcial de su vigor o capacidad reproductiva y de las características agronómicas que las distinguen en subsecuentes generaciones, y el sometimiento del productor o productora campesina a dichos paquetes tecnológicos.

[10] Las compañías de biotecnología han  desarrollado Tecnologías Restrictivas de Uso Genético, coloquialmente denominadas Terminator, que modifican las plantas genéticamente para que sean estériles o produzcan “semillas suicidas”. La amenaza es aún mayor dado que estas variedades transgénicas pueden esterilizar las no transgénicas y sus parientes silvestres, por lo que las Naciones Unidas, mediante el Convenio sobre la Diversidad Biológica, ha declarado una moratoria mundial a la tecnología Terminator. No obstante, las empresas transnacionales de biotecnología están tratando de eliminar esta moratoria a través de una nueva generación de semillas Terminator. Esta nueva generación es parte del proyecto Transcontainer de la Unión Europea, que pretende desarrollar “esterilidad transgénica reversible” mediante un inductivo químico (Grupo ETC, 2007). Ver también el cuadro Los derechos de las y los campesinos a sus semillas están en la vanguardia de los derechos humanos, en esta edición del Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición.

[11] Gilles Ferment et al. Lavouras Transgênicas – riscos e incertezas: mais de 750 estudos  desprezados pelos órgãos reguladores de OGMs. Ministério do Desenvolvimento Agrário. Brasilia. 2015. www.mda.gov.br/ sitemda/sites/sitemda/files/ceazinepdf/LAVOURAS_TRANSGENICAS_RISCOS_E_ INCERTEZAS_MAIS_DE_750_ESTUDOS_DESPREZADOS_PELOS_ORGAOS_ REGULADORES_DE_OGMS.pdf.

[12] Para obtener más información sobre la UPOV, ver cuadro Los derechos de los agricultores a las semillas: conflictos en los regímenes jurídicos internacionales, en esta edición del Observatorio del Derecho a la Alimentación y a la Nutrición.

[13] Para un ejemplo de la criminalización de los y las agricultoras y de la destrucción de semillas de arroz en Colombia por la aplicación de normas de propiedad intelectual y sanidad agrícola, ver el documental 970 de Victoria Solano. Su título se refiere a la aplicación de la Resolución 970 del Instituto Colombiano Agropecuario en el municipio de Campoalegre (Huila).  www.youtube.com/watch?v=kZWAqS-El_g.

[14] Este fue el caso de Colombia con el TLC con EE.UU., y de Honduras y Guatemala con el CAFTA.

[15] Corte Constitucional de Colombia.  Comunicado No. 50, Sentencia C-1051/12. 5 y 6 de diciembre de 2012.

[16] Ibídem.

[17] El Congreso de Guatemala derogó, el 5 de septiembre de 2014, la Ley para la Protección de Obtenciones Vegetales (Ley Monsanto), aprobada en junio del mismo año, que ponía a tono al país con los requerimientos del Convenio de la UPOV de 1991. Para obtener más información, ver: Guatemala: Social mobilization crowned with victory. APREBES. 8 de octubre de 2014. www.apbrebes.org/ news/guatemala-social-mobilization-crownedvictory.

[18] Ver cuadros por país.

[19] Díaz, Juan C. Lanzan plan productivo de maíz en Comayagua. El Heraldo. 7 de abril de 2014. www.elheraldo.hn/regionales/612817-218/lanzan-plan-productivo-demaiz-en-comayagua.

[20] Un quintal equivale a aproximadamente 100 kg

[21] Vía Campesina Internacional, FIAN et al.  El Derecho a la Alimentación y la Situación de Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala: Informe de Seguimiento.  Guatemala: APRODEV, CIDSE, CIFCA, FIAN Internacional, Vía Campesina Internacional. 2011.  www.fian.org/fileadmin/media/publications/2011_09_Guatemala_DaA_Defensores. pdf.

[22] El test fue realizado usando análisis de proteína C reactiva (PCR). Los resultados mostraron que el 90% de la soya presente en la Bienestarina era Round-Up Ready de Monsanto. Vélez, Germán. En Colombia estamos consumiendo soya transgénica. Acción Ecológica, RALLT e Instituto de Estudios Ecologistas del Tercer Mundo. Ayuda alimentaria y transgénicos. 2002. Quito. Págs. 60-64. www.rallt.org/organizaciones/ pma/pma8.htm.

[23] Laura Gutiérrez Escobar es investigadora en materia de semillas, candidata a doctora en Antropología en la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill (EE.UU.) y miembro de FIAN Colombia. German Vélez es ingeniero agrónomo y director del Grupo Semillas de Colombia, una organización no gubernamental ambientalista que apoya desde 1994 a las organizaciones indígenas, afrodescendientes y campesinas de Colombia en acciones para la protección y control local de los territorios, los recursos naturales, la biodiversidad, los sistemas productivos sostenibles y la soberanía y autonomía alimentaria de las poblaciones rurales. Para obtener más información, ver: www.semillas.org.co. Un agradecimiento especial a Juan Carlos Morales González (FIAN Colombia) y Marcos Arana Cedeño (World Alliance for Breastfeeding Action, WABA) por su apoyo en la revisión de este artículo. La versión original de este artículo fue redactada en español. Cabe destacar que este artículo cuenta con insumos e informaciones proporcionadas­ por las autoras y autores de los cuadros de los países.

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Publicado en Diciembre 09 de 2016| Compartir
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